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La estancia de la pandemia de coronavirus en Costa Rica golpea los ingresos de 28.561 empleados formales y sus familias, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
De todos esos trabajadores afectados con las medidas laborales, el 43,5% no tiene ingreso pues sus patronos les suspendieron temporalmente sus contratos laborales, ante la imposibilidad de producir.
El restante enfrenta la emergencia sanitaria, al menos, con una parte de sus ingresos, debido a que se les aplicó la reducción de la jornada laboral.
Ambas cifras crecerán drásticamente en próximos días, cuando se resuelvan trámites pendientes.
La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, oficina adjunta al MTSS, todavía debe resolver 2.235 solicitudes de empresas para suspender temporalmente a 26.139 empleados formales.
Debido a la alta demanda de patronos afectados, la oficina ministerial recibe más solicitudes de las que puede resolver cada día de trabajo. Funcionarios laboran hasta sábado y domingo para intentar resolver los casos.
La medida laboral contenida en el Código de Trabajo solo pueden implementarla patronos que demuestren afectación. Además debe contar con el aval del MTSS.
Inspección del Trabajo notificará cuándo se debe levantar la suspensión del contrato laboral. En ese momento, los empleados retomarán sus funciones con el salario que tenían antes de la crisis.
La oficina de Trabajo también debe resolver 2.584 solicitudes de patronos para suspender los contratos de trabajo reducir la jornada laboral de otros 55.752.
Los empleadores pueden adoptar esta medida de forma retroactiva. Si el trámite es rechazado, debe reponer el salario completo al trabajador.
En los últimos días son más los patronos que solicitan acogerse a la reducción de jornadas, en comparación con quienes piden, del todo, suspender temporalmente el salario de sus colaboradores.
En este caso, si las empresas logran demostrar una disminución de más del 20% de sus ingresos netos, pueden reducir la jornada y el salario de sus trabajadores en hasta un 50%.
Sin embargo, si la reducción de ingresos sobrepasa el 60% por la crisis, pueden reducir ambos rubros en hasta un 25%.
Esta medida, habilitada mediante el Congreso a raíz de la emergencia sanitaria, tiene una vigencia de tres meses. Empero, los patronos pueden solicitar una prórroga por hasta dos periodos iguales.
Es decir, podría haber trabajadores con su salario reducido por hasta nueve meses si se mantiene la emergencia.
Trabajadores de San José, Alajuela y Guanacaste son los más afectados. Empresas de esas provincias son las que más solicitan alguna de las dos medidas.
Comercio, servicios y transportes son las actividades que se ven mayormente golpeadas por las repercusiones económicas que deja la pandemia de coronavirus.
La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) reveló que las empresas asociadas despidieron a unos 1.500 empleados. El número global de empleos perdidos por la emergencia sanitaria no se conoce.
Esto porque los patronos no están obligados a reportar recortes ante el Ministerio de Trabajo u otra entidad gubernamental.
Para intentar atender a los trabajadores afectados y sus familias, el Gobierno habilitó la solicitud en línea del bono proteger, a través del sitio web www.proteger.go.cr
Justo este lunes se entregaron los primeros 29.600 bonos. Otros 3.400 quedaron pendientes de entrega pues sus beneficiarios colocaron cuentas bancarias inactivas o pertenecientes a tarjetas de crédito.
A las personas con reducción del 50% de su salario o menos, se les puede asignar una ayuda de ¢62.500 mensuales.
La ayuda será de ¢125.000 mensuales para las personas despedidas, con suspensión de contratos o personas con jornadas disminuidas en más de la mitad.
También atiende a trabajadores independientes e informales golpeados por la baja de sus ingresos.
Hasta este martes, 411.875 personas completaron su trámite para recibir el bono. Mientras que el Ministerio de Trabajo empezó el análisis de las primeras 110.000 solicitudes.
