El promedio salarial del sector privado tiene dos años estancado por la desaceleración de la economía costarricense. Lejos de esa realidad, el ingreso medio de empleados públicos crece de forma sostenida con el respaldo de los incentivos salariales y las anualidades.

Al tomar en cuenta desde los salarios más altos hasta los más bajos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estimó que el promedio salarial del sector público es de poco más de ¢1 millón, mientras que en el privado es de ¢371.000.

La brecha entre ambos sectores no solo es grande por los miles de colones de diferencia, sino también por el ritmo de crecimiento.

En los últimos dos años, por ejemplo, la remuneración media del sector público creció 15,5%, mientras que en el privado bajó 0,8% en el mismo periodo.

Pablo Sauma, catedrático de economía en la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que la diferencia en el crecimiento es propiciada por los incentivos de los funcionarios estatales.

“Esa es una tendencia que se viene dando y que está relacionada con el aumento de salarios en el sector público, por el tema de anualidades y otros pluses. En tanto los aumentos salariales de ley compensen la inflación, el salario real va a aumentar por el pago de los incentivos”, afirmó Sauma.

José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, también mencionó los pluses como una de las principales razones de ese desequilibrio salarial.

Según él, a diferencia del sector público, las remuneraciones en el campo privado son más dependientes del ciclo económico, por ende, en un escenario de bajo crecimiento de la producción nacional, los sueldos también tienden a crecer poco, o más bien decrecen influenciados por el desempleo.

“La desaceleración es algo que influye, porque cuando la economía no crece los salarios tienen menos posibilidades de crecer, pero el problema es que los salarios no es que están creciendo menos rápido, es que están estancados. Muy posiblemente, las ocupaciones de menor calificación habrán crecido menos también por la situación de desempleo y eso afecta ese promedio”, afirmó Cordero.

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Sobre la diferencia real en el monto de ingreso medio entre ambos sectores, Sauma agregó que también influye la gran cantidad de trabajadores profesionales que tiene la planilla estatal, mientras que en el sector privado la mayoría de mano de obra la conforman empleados no calificados con salarios menores.

Dentro de la estimación elaborada por el INEC, se contemplan en el sector privado los ingresos de un millón de trabajadores informales, de los cuales, casi la mitad de gana menos de un salario mínimo, es decir, sus ingresos andan por debajo de los ¢309.000 mensuales.

Este grupo al carecer de un respaldo legal, están más expuestos a condiciones laborales precarias.

¿Tope a crecimiento de pluses?

La reforma fiscal, aprobada en diciembre anterior, estipuló nuevas reglas para calcular los pluses de funcionarios públicos, no para reducir la brecha con los salarios privados, pero sí para reducir el gasto estatal en remuneraciones, particularmente en privilegios.

Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los incentivos se calculaban de forma porcentual sobre el salario base de los funcionarios, lo que provocaba que los pluses crecieran cada seis meses de la mano con los aumentos salariales de ley.

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El plan fiscal, en cambio, obliga a las instituciones públicas a pagar incentivos de forma nominal. Para calcular los montos de los incentivos, se toma el porcentaje y se calcula con base en la escala salarial de cada puesto, correspondiente al año 2018. Es decir, todos los años recibirán el mismo monto, a menos de que se apruebe una nueva ley para modificarlo.

Las anualidades también se calcularán de esa manera, con la particularidad que se eliminan los porcentajes que cada institución negociaba con los sindicatos, y en cambio, se establece un 1,94% para empleados profesionales y 2,56% para no profesionales.

Empero, instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Junta de Protección Social (JPS), Poder Judicial y universidades estatales se han opuesto a implementar esas medidas a los trabajadores que ya tenían un contrato antes de la aprobación de la ley.

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