EscucharLa Dirección General de Servicio Civil (DGSC) tendrá tiempo hasta el 2021 para cumplir un fallo de la Sala Constitucional, que le exige evaluar los conocimientos de quienes concursan para una plaza profesional en el Poder Ejecutivo.
Según dispuso el voto, emitido en el 2012, el plazo máximo para implementar las pruebas se vencía hoy. Sin embargo, el viernes de la semana pasada, el alto tribunal dio siete años y medio más de tiempo.
De haber caducado el plazo, el Servicio Civil hubiera estado inhabilitado para hacer nombramientos de profesionales en propiedad en las 47 instituciones que están bajo su régimen.
Esto hubiera perjudicado a los 1.379 profesionales interinos en plazas vacantes, quienes, actualmente, tienen pedimentos pendientes, así como a los próximos aspirantes a plazas profesionales en el futuro cercano.
La directriz también impediría hacer nombramientos de docentes, en tanto no se cumpliera la disposición de los magistrados.
El director general de Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, recibió la notificación ayer con alivio, pues ya le había instruido al Área de Reclutamiento y Selección suspender, a partir de hoy, las ternas en la clase de profesionales.
“Es una excelente decisión porque a como estaba, era imposible. En siete años se puede hacer mucho. ¿Todo? ojalá, pero es mucho más realista”, sostuvo Arguedas.
Advertencia. La decisión de la Sala dio respuesta a una solicitud de prórroga planteada por Arguedas, la cual advirtió que serían técnica y materialmente incapaces de elaborar las pruebas especializadas requeridas en tan poco tiempo.
Según el Servicio Civil, parte de la complejidad de la tarea se debe a que tienen profesionales de 479 carreras, más otras 259 especialidades en puestos docentes.
Para cada una habría que crear un banco de preguntas, para su respectiva prueba especializada.
“Además de eso, las pruebas serían diferentes según el nivel. Una cosa es un novato y otra cosa una jefatura”, explicó Arguedas.
La petición del Servicio Civil incluyó un plan y un cronograma para hacer efectiva la aplicación de la sentencia a 10 años plazo.
Según la oficina de prensa de la Sala IV, un elemento presentado ante los magistrados, en la audiencia concedida, fue el informe del Instituto de Investigación Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica, la cual ha estado asesorando a la DGSV durante este proceso.
En el documento, la directora del IIP, Vanessa Smith, afirma que la elaboración de las pruebas de conocimiento solicitadas por la Sala es muy compleja y, además, debe estarse actualizando.
Además de aplicaciones masivas de los instrumentos en pilotos, implica procesar grandes cantidades de datos, análisis estadísticos y la validación de los resultados.
A partir del otro año, el Servicio Civil tiene previsto iniciar con la capacitación requerida para construir las pruebas. Para hacerlo, se obtuvo una partida de ¢50 millones, de los ¢200 millones solicitados en el presupuesto.
