EscucharEl temor a represalias o despidos por parte de trabajadores y el desconocimiento de patronos sobre las garantías que ostentan sus empleados explican el escaso número de denuncias por incumplimiento de derechos laborales presentadas ante el Ministerio de Trabajo, frente a la realidad del problema.
Según datos suministrados a La Nación por Silvia Lara, jerarca de la cartera, cerca de una tercera parte de los trabajadores asalariados del sector privado sufren por violaciones a sus derechos, de acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En el país hay 1.217.872 asalariados del sector privado, por lo que se estima que son unos 400.000 los empleados afectados.
Los derechos que más se violentan son pago por enfermedad, vacaciones, seguro de riesgos del trabajo, horas extra, seguridad social y aguinaldo.
A pesar de esos hallazgos, el Ministerio de Trabajo solo recibió el año anterior 4.689 denuncias por estos incumplimientos; es decir, solo un 1% (o uno de cada 100) presentó la queja. Lara señaló que esto refleja que existe un problema muy grave, porque no se están reportando, por lo tanto, tampoco resolviendo, miles de irregularidades.
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“Hay mucho temor de los trabajadores por denunciar. ¿Por qué yo afirmo esto? Lo digo con base en dos fundamentos: los datos y en lo que he escuchado cuando salgo de gira y tengo reuniones en todo el país con distintos sectores, ya que esa ha sido una observación que con frecuencia me han hecho en esos espacios.
“Cuando se compara la cantidad de denuncias con el nivel de incumplimiento, se nota que aquí hay algo, un vacío importante. Entonces, aparte de lo que escucho yo de las personas, por otro lado tenemos la estadística que nos hace ver que las denuncias no guardan relación con el incumplimiento que reflejan los datos”, explicó.
Así se refleja en la cantidad de personas que se quejan de esos incumplimientos, según la encuesta. Los números son:
- 388.000 por pago por enfermedad
- 384.577 por pago de vacaciones
- 416.524 por pago de seguro de riesgos del trabajo
- 796.000 por pago de horas extra
- 396.000 por seguridad social
- 305.000 por pago de aguinaldo
La jerarca destacó que aunque haya casos de “mala fe”, también existen otros que ocurren por desconocimiento, ya que en varias visitas los patronos afirman ignorar que estaban incumpliendo con alguna garantía laboral de sus empleados, y luego del aviso se ponen a derecho.
Ese desconocimiento también impacta a los trabajadores, quienes en ocasiones no se percatan que están siendo víctimas de un abuso y, cuando lo saben, tampoco conocen cómo pueden formular una denuncia o dónde tienen que acudir para realizar su reclamo, principalmente si son de empresas pequeñas.
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Otras infracciones
Lara destacó que aunque en los últimos dos años, debido a la pandemia ha disminuido la cantidad de denuncias, las estadísticas de 2018 y 2019 también reflejaban que apenas se cubría una pequeña parte del problema: en el primer año se recibieron 11.936 quejas y en el segundo 13.321 (menos del 2% del total de trabajadores del sector).
Además, señaló que existen otras infracciones laborales que también son muy frecuentes en las denuncias, como la falta de comprobante de pago a la hora de recibir el salario y el incumplimiento en el descanso semanal, los días feriados o la falta de procedimientos contra casos de hostigamiento sexual.
En materia de salud ocupacional, el problema más grave lo representa la falta de instalaciones que brinden “bienestar al trabajador”, así como las malas condiciones de higiene ambiental, seguridad y la poca gestión de prevención ante riesgos.
Otros casos investigados, pero con menos frecuencia, son el despido ilegal o restricción de derechos de menor; despido ilegal o restricción de derechos de trabajadora embarazada; discriminación por discapacidad, VIH o género; hostigamiento laboral, persecución sindical y prácticas laborales desleales.
Según los datos suministrados por Trabajo, de los casos recibidos el año anterior, 182 se elevaron a instancias judiciales porque no se lograron resolver en vía administrativa. Se dieron, principalmente, en las regiones Central, Pacífico Central, Brunca y Huetar Caribe.
“La Inspección de Trabajo debe trasladar a la vía judicial, los casos en los que habiendo sido prevenidos los patronos mediante un acta de notificación, en la cual se señalan las infracciones que se están cometiendo, persistieron en el incumplimiento de la legislación laboral en la vía administrativa. Los procesos judiciales involucran la elaboración de las acusaciones por infracciones a las leyes laborales, la asistencia a los juicios, el seguimiento a las ejecuciones de sentencias y el cobro de las multas”, explicó el Ministerio.
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