La propuesta de un nuevo reglamento, para actualizar las normas que se aplican para el seguro obligatorio de los trabajadores independientes, tiene enfrentados a distintos sectores con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esos actores sociales, entre ellos colegios profesionales, cámaras empresariales, abogados constitucionalistas y especialistas en Derecho Administrativo, reprochan a la entidad supuestas arbitrariedades en contra de quienes laboran por cuenta propia.

También recriminan no aprovechar la reforma para corregir supuestos abusos que comete la institución desde hace varios años, con relación a las cuotas y multas a las que son sometidos los independientes.

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Esta discusión podría extenderse varias semanas más, pues ahora la entidad debe estudiar las observaciones recibidas para decidir si aplica cambios al texto, antes de someterlo a la aprobación final de la Junta Directiva de la Caja.

Estas respuestas con las versiones de los opositores y de la CCSS lo ayudarán a entender los cambios en las reglas de cotización para los trabajadores independientes.

¿Cómo surgió el debate?

La discusión comenzó con la publicación de la propuesta de reforma al Reglamento para la Afiliación de Trabajadores Independientes, en el Diario Oficial La Gaceta, el pasado 17 de marzo.

A partir de ese momento, se inició el periodo de consulta pública de 10 días hábiles, que concluyen este miércoles 7 de abril.

Para entonces, varios colegios profesionales, reunidos en una confederación, acudieron a la CCSS para solicitar “arreglar” supuestas reglas abusivas vigentes en contra de trabajadores independientes.

Entre ellas, el porcentaje sobre los ingresos netos que deben aportar los trabajadores por cuenta propia a la seguridad social —de hasta 18,5%—, así como cobros retroactivos de hasta 15 años atrás, de todas las cuotas dejadas de percibir por la institución.

No obstante, según el Colegio de Abogados de Costa Rica, la propuesta más bien empeoró las condiciones para los independientes que busquen formalizarse.

¿En qué me afecta el nuevo reglamento?

Si usted es un trabajador independiente que actualmente cotiza a la seguridad social, con las nuevas reglas podría empezar a pagar más mensualmente.

La Caja niega haber modificado los porcentajes para establecer la cuota que debe pagarse por el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Y sí, es cierto. Ese documento no incorpora ningún cambio en los porcentajes. No obstante, los opositores al reglamento aseguran que de aprobarse la propuesta, también se contemplarían otros ingresos no laborales para establecer el monto de cotización. Entre ellos dietas, ganancias de capital, alquileres, entre otros.

Si el reglamento se aprueba de la forma en que está redactado, la CCSS podría establecer la cuota no solo sobre los ingresos por la prestación de servicios, sino que también contemplaría esas otras entradas.

¿Tendré que cotizar si reporto esos ingresos, pero no soy trabajador independiente?

Quienes han presentado objeciones contra el anteproyecto de reglamento aseguran que sí. Señalan que dicho documento ampliaría la base de personas obligadas a cotizar a la seguridad social aunque no realicen un trabajo como tal.

Esto se debe a una nueva definición que la Caja hace sobre lo que es un “trabajador independiente”.

“Persona física que desarrolla de forma autónoma una actividad o trabajo generador de ingresos de carácter no salarial, es la propietaria que ejerce el control de las actividades y sin subordinación toma las decisiones más importantes de una unidad económica. Puede trabajar sola o en colaboración con otros trabajadores independientes y proporcionar o no trabajo a terceros”, señala el documento al respecto.

Esa definición se hace al margen del Código de Trabajo, puesto que esa legislación está desactualizada y no regula la prestación de actividades de forma autónoma.

La Caja todavía no se ha referido puntualmente a las objeciones que presentaron abogados y colegios profesionales en contra de la propuesta. Según la entidad, estudiará todas esas críticas para analizar si es necesario implementar cambios, antes de someter el documento a la aprobación final de la Junta Directiva.

¿Qué pasa si soy trabajador independiente informal y acudo a afiliarme?

La entidad de seguro social realizará una revisión de las declaraciones de renta de su actividad ante el Ministerio de Hacienda, para recuperar todas las cuotas dejadas de percibir desde hace 15 años atrás, o desde que usted empezó a ofrecer servicios como independiente.

El reglamento rebajaría esos cobros retroactivos a 10 años.

No obstante, lo que reclaman los opositores de ese reglamento es que, pese al rebajo, esos cobros serían ilegales.

La Sala Constitucional señaló que las cargas sociales son contribuciones parafiscales, por lo tanto, los colegios profesionales aseguran que deben regirse por la norma de procedimientos tributarios, que establece la prescripción de cuatro años.

Los opositores también señalan que esas reglas ahuyentan de la formalización a los trabajadores independientes sin seguro. Además, aseguran que las reglas son contrarias a las necesidades de reactivación económica que enfrenta el país.

¿Debo pagar más que los trabajadores asalariados?

La contribución obligatoria a la seguridad social para los trabajadores independientes es de hasta 18,5% de sus ingresos netos, frente al 10,5% que aportan de su sueldo los trabajadores asalariados, contemplando el 1% del traslado al Banco Popular.

Los opositores señalan que no se cumple el principio de igualdad y proporcionalidad, por lo que reclaman que las cotizaciones de los trabajadores independientes son abusivas.

Además, interpretan que la CCSS incumple un artículo de su misma ley constitutiva, que establece que las cuotas de los trabajadores independientes no pueden superar a los aportes que hacen los patronos del sector privado.

Las empresas aportan a la seguridad social el 14,5% del salario de sus trabajadores.

El Colegio de Abogados de Costa Rica había presentado, antes de que se generara esta discusión, una acción de inconstitucionalidad sobre varias de las reglas vigentes para los profesionales liberales.