EscucharUna de cada cuatro construcciones está avanzando sin contar con los permisos municipales. En el caso de Guanacaste, poco más de la mitad de las obras incumple la ley.
Así lo revela el último informe del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). En seis meses de labor, se inspeccionaron 1.727 obras en etapa constructiva en el país. El estudio anterior se hizo en 2009.
Veintinueve de 85 obras revisadas en cinco cantones de la zona caribeña (un 34%) avanzan sin la autorización municipal. En la zona norte la carencia de avales está en 43 de 132 proyectos (el 33%), mientras que en el Pacífico central es el 32%: 29 de 90 obras revisadas.
En la zona sur, carecen de permisos municipales 25 de 92 proyectos revisados (un 27%) y, en el caso de la Gran Área Metropolitana, el incumplimiento se halló en 190 de 1.185 construcciones en proceso: un 16%, determinó el estudio.
La región “más preocupante” es la Pacífico norte, en donde un 56% de obras avanza sin el aval. La falta se detectó en 80 de las 143 obras visitadas en los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Bagaces, Liberia, Cañas, Tilarán y Abangares.
Francisco Moreno, jefe de Construcciones de la Alcaldía de Santa Cruz, indicó que es imposible ejercer control en cerca de 96 km de playa en el cantón. Jesús Abadía, de Construcciones de la Alcaldía de Nicoya, atribuyó la alta cifra a la ignorancia, al creerse que en las zonas rurales no se requiere del aval.
“La gente que está más lejos del centro urbano se la juega, aprovechando que no hay un buen sistema de inspección de alcaldías”, dijo Olman Vargas, director del CFIA.
Más control. Luis Gmo. Campos, presidente del CFIA, declaró que su mayor preocupación es que al no construirse como se debe – con métodos antisísmicos, por ejemplo– se arriesga la vida humana.
La tramitación de un aval posterior al inicio de las obras implica el pago de una multa del 50% sobre el rubro destinado a las alcaldías. Estas tienen, incluso, la potestad de detener o derribar la obra.
Vargas y Campos aseguraron que no es la tramitomanía la que genera la evasión de gestionar los avales, sino la escasa fiscalización por parte de los municipios. Ambos recomendaron una alianza para que entidades que proveen servicios públicos no lo hagan sin antes verificar la existencia de permisos.
Los municipios reciben el 1% de lo que tasa el CFIA, por permiso. Es decir; al otorgar el aval de una casa promedio, de entre 80 y 100 metros, la alcaldía percibe entre ¢125.000 y ¢150.000. Colaboró: cinthya bran.
