EscucharUsted seguramente reconocería este mensaje si lo lee en la calle: "No piense, nosotros le hacemos su tesis".
En la última década grupos de profesionales de diferentes áreas del conocimiento se han dedicado a ofrecer tesis de grado al gusto y necesidad de algunos universitarios, deseosos de obviar las largas horas de investigación y trabajo.
Este negocio, considerado un fraude por las autoridades académicas del país, no está previsto penalmente.
Una investigación realizada por La Nación durante la semana anterior permitió identificar el mecanismo de trabajo de estos grupos.
Por lo menos dos equipos diferentes se promocionan en la calle mediante volantes pegados en las paredes y los postes del tendido eléctrico.
En los panfletos se agregan algunos nombres, números de teléfono y hasta direcciones de correo electrónico, para que el interesado pueda localizarlos con facilidad.
Una vez realizada la llamada, se acuerda una entrevista en un lugar público para discutir los términos de la investigación deseada y la forma de pago, que siempre supera los cientos de miles de colones.
Detalles del negocio
A través de una consulta telefónica realizada por otro periodista de este medio, que se hizo pasar por estudiante, uno de los representantes de estos grupos de profesionales detalló en qué consiste el servicio y cómo burlan los controles universitarios.
Lo contrario ocurrió con otra de estas empresas.
Aunque el panfleto con el que se promociona dice textualmente "hacemos tesis", Benjamín Núñez rechazó que su trabajo consista en preparar el documento completo de una tesis de grado.
"Yo trabajo en conjunto con la persona interesada, asesorándola. Así tiene que ser, no podría ser de otra manera. La persona es la que tiene que hacer el esfuerzo", dijo Núñez, máster en Sociología y graduado en la Universidad de Costa Rica.
Negó que por sus servicios cobre cientos o miles de colones. Más bien recalcó que sus asesorías cuestan entre ¢500 y ¢1.000 por hora y que la calidad de sus conocimientos ha ayudado a que por lo menos 272 tesis de grado hayan sido aprobadas en universidades públicas y privadas del país.
Sin embargo, ninguna es completamente de su autoría. "Yo lo único que hago es recomendar libros y lecturas".
El fiscal auxiliar del Ministerio Público, Francisco Fonseca, explicó que contra este tipo de negocios no se puede seguir ninguna causa penal.
Estos profesionales también están realizando un trabajo, están ofreciendo un servicio, venden una obra y cualquiera puede comprarla si así lo desea, dijo.
Agregó que sí se consideraría ilegal en estas negociaciones que el redactor de la tesis tome trabajos de otros autores y no les otorgue el debido crédito.
En estos casos se les juzgaría por el delito de violación a los derechos de autor, pero no por hacer la tesis.
Así las cosas, las sanciones se quedarían únicamente para el estudiante, siempre y cuando las autoridades académicas descubran el fraude.
El problema es que ningún muchacho me va a reconocer que él no hizo su tesis de grado, dijo Rosibel Boniche, coordinadora administrativa del Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup).
Estudiantes sin valores
Para el ministro de Educación, Guillermo Vargas, lo que ha favorecido el crecimiento de estos negocios es un debilitamiento de los valores morales de los estudiantes, quienes prefieren obviar una parte del proceso de aprendizaje que los convierte en profesionales.
Similar criterio exteriorizaron los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gabriel Macaya, y de la Universidad Autónoma de Centro América, Guillermo Malavassi, así como la vicerrectora académica de la Universidad Latina, Cristina Maglione.
Para los tres, en el fondo el estudiante se enfrenta a un problema ético que resuelve por la vía más sencilla: pagar para aprobar el último requisito antes de su graduación.
También descartaron que en sus universidades se hayan presentado casos de fraude con tesis compradas.
Las sanciones
Los reglamentos internos de estas universidades las facultarían para anular el proyecto de tesis presentado por el estudiante y la expulsión del centro de docencia. "Aquí no podría concluir nunca su carrera", dijo Macaya.
Malavassi, quien también es el presidente de la Unión de Rectores (Unire), comentó que dependiendo del grado académico que se desee alcanzar y la materia de estudio de la que trate la tesis, el servicio podría llegar a costar ¢1 millón.
Según Maglione, este tipo de faltas son severamente castigadas en la Universidad Latina.
"El reglamento interno incluye sanciones que van desde suspensión por un cuatrimestre a la expulsión definitiva", dijo.
La vicerrectora tampoco le quitó la responsabilidad al ente académico. "La universidad deberá velar porque este tipo de irregularidades en el trabajo estudiantil no se presenten".
En este centro de enseñanza los estudiantes inmersos en ese proceso están bajo la supervisión del director de carrera y de un profesor tutor, quien corrige los avances de la investigación.
Este maestro es el responsable de reconocer cuándo un alumno no está trabajando en su proyecto. Por ejemplo, que presente un trabajo muy elaborado pero desconoce en profundidad su contenido.
Macaya dijo que dos años atrás la UCR presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta el momento no sabe que ha pasado con la investigación.
Francisco Fonseca comentó que aunque no conoce la causa a la que se refiere el rector de la UCR, es muy difícil darle seguimiento al caso.
"Los problemas probatorios son increíblemente grandes, las conductas son casi imposibles de encuadrar dentro de una figura legal y en una tesis no queda rastro de quién realmente la elaboró".
"Por eso son tan importantes los exámenes de incorporación a los colegios profesionales; sólo así se sabe realmente si una persona conoce sobre su especialidad o no", dijo.
