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La Municipalidad de San José habría aprobado una “contratación irregular” por ¢624 millones para adquirir licencias de software Microsoft (Open Value) mediante una licitación “errónea” en el año 2013.
Esa fue la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República (CGR) el miércoles anterior, cuando señaló como responsables civiles y administrativamente al vicealcalde josefino, Mario Vargas Serrano, y a otros 17 funcionarios/regidores de aquel momento, entre ellos el actual subdirector de Migración, Daguer Hernández.
A la gran mayoría se les sancionó con suspensión de 15 a 30 días sin goce de salario, dieta o estipendio, además de una intimación de pago de poco más de ¢16 millones a partir de la firmeza de la resolución. La resolución, sin embargo, no está en firme todavía.
De hecho, Vargas advirtió que planteará todos los procesos necesarios para defenderse, por lo que anticipó que vendrán hasta siete años para ver el resultado final.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, se presume que existió una mala estimación del negocio y una incorrecta selección del procedimiento concursal para la adquisición, pues se tramitó una licitación abreviada cuando en apariencia lo correcto era una licitación pública. De esta forma, se habría incurrido en una vulneración de los controles destinados a compras de mayor cuantía.
“Derivó en la omisión al sometimiento de las rigurosidades y formalidades propias del procedimiento ordinario –licitación pública–, como el régimen recursivo (objeción y apelación) y el refrendo”, dijo la CGR.
Los hechos investigados ocurrieron entre mayo de 2013 y junio de 2014. Se trató de la contratación 2013LA-000016-99999
En el cartel licitatorio que se le adjudicó a la empresa costarricense Consulting Group Chami Centroamericana S.A., se formalizó el acuerdo por un periodo de un año, prorrogable hasta por tres periodos iguales, para un plazo máximo de cuatro años de vigencia.
La estimación contractual inicial fue de ¢156.000.000 por año, para un total ¢624.000.000 por todo el periodo.
Sin embargo, “desde la orden de inicio de la contratación, se cometió el error de no tomar en cuenta las eventuales prórrogas del contrato para efecto de su estimación y se escogió un procedimiento de contratación que no correspondía”.
La Contraloría señaló que, aunque existiera ese problema, los investigados dieron continuidad a la contratación y no advirtieron la irregularidad, desatendiendo sus deberes en la verificación de la selección del procedimiento respectivo.
“En el caso concreto, de haberse considerado las eventuales prórrogas establecidas en el cartel, el monto original de la contratación debió multiplicarse por cuatro, con lo cual la estimación del negocio hubiera sido de ¢624.000.000″, explicó.
Además, detalló que la contratación se considera irregular porque en su trámite se incurrió en vicios graves y evidentes, de fácil constatación.
En el expediente del procedimiento administrativo, del cual La Nación tiene copia, también se detalla que la Municipalidad aprobó una solicitud para renovar el contrato y cancelar más de ¢175 millones en 2014.
“En relación con estas actuaciones de 2014, se tiene que ante la solicitud del departamento técnico de pago por un año más, la administración municipal debió revisar la condiciones que ya habían sido establecidas en la contratación y en ese punto caer en cuenta que la contratación adjudicada ya implicaba la posibilidad de prórrogas, que no habían sido consideradas en la estimación del objeto contractual”, señaló la Contraloría.
Responsabilidades
Sobre la responsabilidad de la empresa, el órgano fiscalizador indicó que desde el inicio y hasta la ejecución del proceso de contratación, la compañía tuvo a la vista todos los elementos a partir de los cuales derivar y hacer ver al ayuntamiento los presuntos vicios graves de procedimiento.
“Se presume que no advirtió oportunamente a la Administración de la escogencia errónea del procedimiento, permitiendo su ejecución y permitiendo además una prórroga efectuada en el año 2014″, subrayó.
Al vicealcalde Mario Vargas se le atribuye responsabilidad como exdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, por no haber identificado y advertido de la contratación irregular.
En el caso de Daguer Hernández, quien en aquel momento era regidor municipal, se le investigó por presuntamente haber tenido la oportunidad de identificar el aparente proceso incorrecto.
Por esto, la Contraloría recomendó de forma vinculante sancionarlos con 15 días naturales de suspensión sin goce de salario. Empero, la resolución aún no está en firme.
Consultados por La Nación, ambos declararon que presentaran las apelaciones correspondientes y, de ser necesario, elevarán el caso a los tribunales contencioso administrativos.
“Toca esperar los recursos respectivos que faltan y esperar la resolución final. Esto está empezando, faltan unos cinco o siete años para ver la resolución definitiva”, dijo Vargas.
“Esa empresa es la que siguió dando servicios de software a la Municipalidad, o sea que no hay ninguna afectación al erario público, fue un error en el procedimiento”, afirmó Hernández, por su parte.
Entre los demás sancionados por el caso se encuentran los regidores Ulises Alexander Cano Castro, Reina Isabel Acevedo Acevedo, Patricia Marín Gómez, Sonia Zamora Bolaños (síndica), y los funcionarios Marco Castro Camacho y María Eugenia Rivera Araya, quienes actualmente continúan en sus puestos, según confirmó el ayuntamiento a este diario.
Otros nombres que aparecen en el expediente son: Jorge Douglas Quesada Altamirano, Flor María Zamora Álvarez, Rolando Luis Murillo Cruz, Flora Eugenia Bermúdez Salguero, Olger Lawson Marchena, Blanca Suñol Ocampo, Gioconda Ureña Leal, Mayela Prado Cubillo, Henry Francisco Contreras Zúñiga, Rocío Aguilar Guillén (la Municipalidad no indicó si ellos siguen en sus cargos).
