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Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) evidenció que empresas constructoras y personas ajenas al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) gestionan el otorgamiento de cuatro de cada 10 bonos de vivienda ofrecidos por el Estado.
El órgano contralor entrevistó a 276 personas beneficiarias entre los años de 2017 y 2018 para conocer su experiencia sobre el proceso para obtener esa ayuda.
Los resultados de este estudio revelaron que casi el 39% de los beneficiarios no realizó personalmente los trámites para obtener el beneficio, sino que lo hicieron mediante terceros.
De los que acudieron a terceros, el 80% de ellos tramitó la ayuda mediante empresas constructoras y el 20% restante lo hizo con intermediación de personas físicas.
De acuerdo con la Contraloría, se le ordenó al Banhvi indagar a esos terceros, así como su impacto en el proceso y en el costo del trámite.
“La relación entre el administrado (beneficiario o postulante) y las entidades autorizadas podría no ser directa en todos los casos, sino que coexistan actores ajenos al Sistema Financiero Nacional de Vivienda en ese trámite sin el debido control y en incumplimiento a lo establecido por la regulación vigente”, señala la auditoría del órgano contralor.
Este medio intentó obtener una reacción de Banco Hipotecario de la Vivienda, sin embargo el departamento de prensa comunicó que la vocera no estaba disponible.
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A lo largo de la historia de los bonos de vivienda, diversas personas han sido denunciadas e incluso sentenciadas por cobrar dinero a las familias de escasos recursos por gestionarles los bonos de vivienda. En algunos casos, los perjudicados ni siquiera consiguieron los bonos, a pesar de que desembolsaron recursos.
Costo y tardanza
El informe de auditoría también estimó que una persona debe destinar 18,7 horas en trámites para cumplir requisitos y obtener un bono de vivienda para construir en lote propio.
El costo para obtener ese apoyo del Estado es de poco más de ¢1,1 millones, según la Contraloría.
Ese monto considera los costos directos para presentar trámites y requisitos, que es de ¢571.817, así como los costos asociados al tiempo y a cada una de las actividades necesarias en el proceso, que es de ¢554.559.
“Se tiene que el costo total del trámite se ve afectado por los tiempos de respuesta del Banhvi, de las entidades autorizadas y de otras entidades como las municipalidades; el uso limitado de las tecnologías por parte de los administrados (beneficiarios o postulantes), aunado a la ausencia de un expediente electrónico que promueva el cumplimiento de requisitos en forma digital”, indica el informe.
A pesar de que la institución permite entregar algunos requisitos de forma electrónica, el 99,6% de los beneficiarios encuestados indicó que realizó el trámite de forma presencial, debido a limitaciones de acceso a Internet o por el desconocimiento sobre esa posibilidad.
La Contraloría urgió al Banhvi a avanzar en el expediente electrónico de los postulantes, así como en el impulso de trámites virtuales para facilitar el proceso y reducir costos de los posibles beneficiarios de bonos de vivienda.
