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La Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención al Banhvi por dedicar fondos provenientes del llamado impuesto a las casas de lujo para realizar mejoras en las comunidades, en vez de construir viviendas para pobres.
En criterio del ente contralor, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) incurrió en una desviación acumulada de ¢3.854 millones entre el 2011 y el 2016, por lo que ordenó detener la práctica.
El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, conocido como “Impuesto a las casas de lujo”, está vigente desde el 2009 y recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional con valores por encima de los ¢126 millones.
La idea fundamental del tributo es financiar vivienda digna para la población en pobreza extrema del país.
No obstante, la CGR, en su oficio DFOE-EC-0862 del 14 de diciembre de 2017, detectó que ¢3.854 millones de ese impuesto se destinaron a bonos colectivos; que lo que pretenden es dotar de aceras, senderos peatonales o parques a las comunidades.
Este bono se da mediante un concurso entre las propuestas que hagan las comunidades y con la potestad del ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol.
“El Banhvi, amparado en el decreto DE-335515-H, ha utilizado parte de los recursos recaudados por medio de la Ley 8683 a programas de bono colectivo, modificando de esta manera lo originalmente establecido por la norma”, precisa el documento.
Si esos ¢3.854 millones se hubiesen invertido en viviendas, habría alcanzado para construir 592 de ellas, pues el bono máximo es de ¢6,5 millones por propiedad.
La Contraloría, por la tanto, le ordenó abstenerse de gastar dinero proveniente de ese impuesto en esas actividades que, si bien pueden también beneficiar a familias en pobreza, no les soluciona la necesidad de una hogar digno.
El informe de la Contraloría lo dio a conocer el diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, para quien se perdió oportunidad de ayudar a personas en escasos recursos.
