EscucharPor años, en el país se han contabilizado cerca de 400 precarios. La cifra no crece pero tampoco se reduce y el único cambio es la renovación de sus habitantes; unos logran salir pero otros inquilinos llegan a ocupar ese espacio.
La desatención de este tipo de asentamientos (caracterizados por la invasión con casas o ranchos en terrenos ajenos) es una de las deudas estatales que señaló la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) en su último Informe Nacional de Vivienda, presentado la mañana de este martes.
De acuerdo con el recuento, 53% de los asentamientos en precario están en la Gran Área Metropolitana (GAM) y 52% se establecieron después de 1986, año en el que se creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, precisamente con el objetivo de ayudar a la población a obtener casa.
Aparte de su ubicación, es poco lo que se conoce sobre estas comunidades, según Franklin Solano, coordinador de Investigación de Fuprovi, pues varios instrumentos – los cuales calificó de poco confiables– han intentado medirlos, pero todos obtienen datos dispares.
Entre las últimas mediciones realizadas están el Diagnóstico y Propuesta de Atención de Precarios (2014) de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi) y FinanVivienda; también el Catastro Nacional de Asentamientos Pobres (2014), de Techo; el Censo de población del 2011 y los conteos del propio del Ministerio de Vivienda, el más reciente realizado en el 2012.
Para Solano, la cifra de precarios se mantiene porque al menos los últimos seis Gobiernos han sido negligentes en aplicar acciones efectivas para controlar su crecimiento y después erradicarlos.
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"Lo que sucede es que nadie quiere entrarle al toro por los cuernos. Trabajar en precarios es desgastante, vea lo que le ha costado al Gobierno el Triángulo de Solidaridad. Cien familias y no han podido avanzar, habiendo recursos, voluntad política y todo", expresó Solano en referencia a la necesidad de reubicar a los pobladores de ese asentamiento en Calle Blancos, Goicoechea, cuyo terreno es necesario para construir el tramo norte de la carretera de Circunvalación.
"Ningún Gobierno ha querido hacer el trabajo de identificación de precarios, creo que porque les da miedo lo que puede salir", añadió el investigador.
Para Natalia Morales, investigadora del Estado de La Nación, una de las dificultades para disolver ese tipo de comunidades es la informalidad en la que viven muchos de sus habitantes, pues eso complica la tramitología estatal.
Morales sumó a ello el arraigo que adquieren las familias con el paso de los años, así como la heterogeneidad de los hogares que componen los asentamientos informales, pues no todos tienen las mismas carencias.
Registro de ayudas otorgadas en 30 años
La investigación de Fuprovi encontró que entre 1987 y el 2016 se entregaron 20.447 bonos para la eliminación de tugurios y precarios.
Sin embargo, no hay información suficiente que permita identificar con certeza dónde se colocaron esos recursos a los largo de los años, así como tampoco se nota el impacto de las ayudas en las cifras que maneja Vivienda, dijo Solano.
De acuerdo con Rosendo Pujol, jerarca de Vivienda, las ayudas para ese fin entregadas durante este Gobierno alcanzaban las 9.948 para el 21 de junio de este año. SIn embargo, el ministro aclaró que la cifra no está diferenciada para erradicación de precarios, pues el dato también incluye los bonos para familias en extrema necesidad y tugurios.
A los beneficiarios se les aprobó la asignación de una vivienda en proyectos como el condominio Josué, en Puntarenas; Malinche, en Santa Cruz de Guancaste; San Martín, en Siquirres; y El Porvenir, en Matina.
En esos proyectos convivirán familias que antes vivían en precarios y otras que no, pues en opinión del ministro, no es conveniente separar a la población según el tipo de comunidad de la que provengan.
Pujol ha sido enfático en que las posibilidades para intervenir en los asentamientos son limitadas, pues los recursos públicos para crear soluciones también son limitados.
El jerarca rechaza abordar el déficit de vivienda con grandes proyectos porque implica sacar a la gente del sitio donde tiene su trabajo o la escuela para sus hijos. La otra dificultad es la falta de recursos.
Entre los argumentos esbozados en una interpelación por parte de diputados están que en la GAM hay poca tierra disponible para construir vivienda de interés social y una gran demanda de casas para erradicar precarios y combatir la pobreza.
En opinión de Morales, ante la dificultad de erradicar los precarios, en ocasiones los Gobiernos optan por dotarlos de algún tipo de mejoras en el entorno (como parques o arreglos a la infraestructura pública), para que las condiciones de vida de la comunidad mejoren en alguna medida.
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A pesar de esa realidad, para Solano, el tema debería ser una prioridad país, por motivos humanitarios y de seguridad ciudadana.
"En un precario se esconden muchas realidades y eso hay que resolverlo y hay que sanear eso desde todo punto de vista: ambiental, estructural, social y económico", dijo el investigador.
En su opinión, el primer paso debería ser censar las comunidades, para conocer sus particularidades y elaborar planes para intervenirlos.
Rigurosidad en la entrega de ayudas
De acuerdo con el informe de Fuprovi también es necesario que el Estado sea más cuidadoso con las familias a las que les entrega bonos de Vivienda, en especial a las que se mudan a condominios financiados con recursos públicos, pues esos bonos son más caros que los regulares.
La erradicación de precarios es una de las tareas para las que el Estado otorga proyectos de vivienda, en los que cada casa ronda los ¢20 millones, mientras que la ayuda máxima que puede recibir una familia con el bono regular es de ¢6,5 millones.
Fuprovi propone que las familias devuelvan al menos una parte del dinero que el Estado les otorgó para construir o remodelar su casa, para que así retornen recursos que se puedan invertir en nuevas soluciones de Vivienda.
Solano también recalcó la importancia de que el Gobierno sea más severo para evitar que nuevos terrenos sean invadidos, o que aquellos que se desocupan vuelvan a ocuparse.
