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Un recorte de ¢26.000 millones impulsado por el gobierno en las partidas para financiar viviendas de interés social enfrenta al ministro de Hacienda, Elian Villegas, y al gerente del Banhvi, Dagoberto Hidalgo.
Dicha rebaja está contemplada en el proyecto de presupuesto extraordinario que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para tratar de reducir el impacto de la pandemia de covid-19 en las finanzas públicas..
Villegas sostiene que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) cuenta con superávits para enfrentar sin mayor problema el recorte a la transferencia estatal.
Mientras, Hidalgo asegura que los recursos que se pretenden eliminar ya están comprometidos en viviendas o proyectos que se encuentran en curso.
El choque de opiniones quedó registrado en oficios enviados por ambos funcionarios a la presidenta de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
En su oficio, Elian Villegas citó que debido a la subejecución de dineros de años anteriores, el Banhvi disponía para el 2020 de ¢76.500 millones en superávit libre.
También señaló que, del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), la entidad tenía colocados ¢20.327 millones en inversiones, mientras que disponía de otros ¢2.880 millones de forma inmediata.
“Los números evidencian que la institución cuenta con una cantidad de recursos acumulados importantes para hacer frente a las tareas asignadas por ley.
“Solo en inversiones en instrumentos financieros, cuenta con recursos equivalentes a la reducción que propone el presupuesto extraordinario”, dijo el jerarca de Hacienda.
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No obstante, luego de que trascendiera esa información, el gerente del Banhvi envió un oficio a la comisión legislativa para desdecir al jerarca de Hacienda.
Según alega Dagoberto Hidalgo, esos recursos de superávit libre están comprometidos a viviendas en construcción o proyectos venideros. Lo mismo ocurre, sostiene, con los fondos de inversión.
“La existencia de saldos de recursos a la fecha no son de libre disposición para eventualmente cubrir disminuciones de recursos como la planteada en el proyecto de ley, sino que están debidamente asignados, comprometidos y en proceso de desembolso a los casos individuales y proyectos colectivos ya aprobados, sin posibilidad de utilización para otros fines.
“Aspecto que es contrario a lo señalado por parte del Ministerio de Hacienda, al indicar erróneamente que ‘los números evidencian que la institución cuenta con una cantidad de recursos acumulados importantes para hacer frente a las tareas asignadas por ley’”, afirmó Hidalgo en su comunicación al Congreso.
Según dijo el funcionario a La Nación, la institución se vería “doblemente afectada” con el recorte, pues ya enfrenta una disminución en los ingresos por el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), el cual se nutre con aportes de patronos.
Esa realidad llevaría, según aseveró Hidalgo, a que la recuperación económica sea más lenta, pues se dejaría de invertir recursos en el sector construcción, además de dejar de construir viviendas para las familias más pobres del país.
El gobierno ha estimado que Fodesaf recibiría cerca de un 20% menos de recursos por las suspensiones, reducciones de jornadas y despidos, producto de la crisis originada por la pandemia del nuevo coronavirus.
“Eso se traduce en, aproximadamente, 5.000 viviendas y más de 18.000 empleos en construcción, según estimaciones que hemos realizado.
“Ese doble impacto es el que no entendemos y no compartimos, porque si ya de por sí el nivel de ingresos se va a ver reducido por Fodesaf, meterle un recorte adicional nos pone en una posición muy complicada”, aseveró el gerente del Banco.
Entretanto, en su oficio enviado a la comisión legislativa, Villegas alega que la caída de ingresos hace inevitables los recortes en el Presupuesto de la República.
“Es por esta razón, que se insiste en mantener el recorte de las transferencias de capital hacia las instituciones financieras como el Banhvi.
“Como esta comisión ha señalado con claridad, el país enfrenta un momento difícil que implica un sacrificio de todo el Estado, particularmente de aquellas instituciones que por distintas razones han acumulado recursos a lo largo de años”, sentenció Villegas.
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Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminarían el segundo presupuesto extraordinario la tarde de este lunes.
En el plan, el gobierno propone un recorte neto de ¢196.000 millones al gasto público, además de aprobar ¢90.000 millones para nuevos bonos Proteger y ¢45.800 millones para transferir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
También incluye la solicitud de autorización para un endeudamiento por ¢664.000 millones, para financiar la caída de ingresos tributarios.
