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Los 31 municipios que conforman la Gran Área Metropolitana (GAM) destinan apenas un 3,4% del total de sus presupuestos a la creación y mejora de parques, espacios deportivos y otras zonas de recreación.
El dato se desprende del informe nacional Situación del sector vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica en el 2017, elaborado por la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi).
El documento menciona que, pese a ser un pequeño porcentaje, ni siquiera se utiliza la totalidad. Entre el 2013 y 2017, se ejecutó un 63,6% de lo asignado para este tipo de zonas.
Otra prueba de la escasa inversión en esta materia es que en el mismo periodo, del total de recursos ejecutados por los municipios, solo se empleó en espacios públicos un 3%.
El dato genera preocupación para los investigadores, pues este tipo de áreas en la comunidades son claves para tener "ciudadanes sanas" y "ciudadanos sanos", sobre todo ante el cambio en el desarrollo urbano y el tipo de vivienda.
El informe, sin embargo, aclara que no todos los cantones emplean esos recursos por igual.
Por ejemplo, mientras San José, Curridabat, Belén y Heredia destinaron, en promedio, entre ¢5.000 y ¢9.500 por habitante durante los últimos cinco años, otros municipios como La Unión, Alvarado, Alajuelita y Aserrí ejecutaron menos de ¢150.
Las actividades de “aseo de vías y sitios públicos”, así como “parques y obras de ornato”, son las que tienen menor calificación dentro del Índice de Gestión Municipal del 2016, elaborado por la Contraloría General de la República.
“Lo que debemos entender es que Costa Rica está cambiando, el 70% de la población es urbana y cada vez nuestras viviendas tienen menos espacios y a menor espacio privado debe haber mayor espacio público, el espacio público es fundamental para tener ciudades sanas”, explicó Franklin Solano, investigador de Fuprovi.
De acuerdo con el experto, con una asignación presupuestaria tan pequeña, es muy difícil mejorar espacios públicos de calidad.
A su criterio, no solo se deben contabilizar los espacios públicos existentes sino los que realmente se aprovechen o estén en buenas condiciones.
“Hay espacios públicos que no están siendo utilizados porque están en mal estado, deteriorados, abandonados o cerrados; en otros hay que pagar o no están abiertos en la noche, y en la noche es cuando la gente tiene tiempo para ir. Si fuera un espacio abierto, iluminado y seguro podríamos darle mayor uso”, añadió.
Modesto Alpízar, alcalde de Alajuelita, uno de los cantones con menor presupuesto para este rubro, aseguró que en el caso particular de ese ayuntamiento, enfrentaron al inicio de la actual gestión problemas financieros y de recaudación que les dificultan asignar más porcentaje.
Sin embargo, aseguró que eso no significa que estos proyectos han quedado desfinanciados pues se han aprovechado recursos de otro tipo de fuentes como provenientes de alianzas con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para la creación de parques infantiles y también se han destinado fondos de otras partidas para mejorar la seguridad ciudadana en algunos espacios.
Bonos comunales darían empujón
Los bonos comunales serían un apoyo clave en el mejoramiento de barrios y espacios públicos, sin embargo, como destacó el informe informe, estos recursos actualmente se encuentran sin financiamiento.
“La situación de los bonos colectivos es preocupante, ya que, por disposición de la Contraloría General de la República se le ordena al Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda) no utilizar los recursos del Impuesto a las casas de lujo para financiar este tipo de proyectos”, indica.
Además, ese impuesto fue creado en el 2009 por un lapso de 10 años, por lo que tampoco resultarían una fuente de recursos permanentes.
La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos, destacó que durante mucho tiempo gran parte de bonos comunales ha estado destinada a los espacios públicos y su intención es que la tendencia se mantenga.
No obstante, admitió que para este año y probablemente para el siguiente este tipo de programas no tengan presupuesto.
Entre las opciones que evalúan para dotar de fondos estos proyectos sería una reforma a la ley del impuesto solidario.
