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Conformar una asociación o cualquier otro grupo organizado ya no será necesario para acceder a un casa en un proyecto de vivienda social. Los costarricenses de bajos recursos ahora podrán resultar beneficiados con esas ayudas únicamente con el cumplimiento de los requisitos que pide el programa.
Ese es el objetivo de las nuevas reglas que impulsa el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) para combatir los llamados “gavilanes” de la vivienda, que exigen pagos por prolongados periodos a familias pobres por el derecho a obtener una casa en un proyecto específico, sin ninguna seguridad. En esencia, lo que se procura es facilitar el acceso a un bono a aquellas personas que no saben cómo tramitarlo.
En entrevista con La Nación, la ministra Irene Campos explicó que el principal cambio es que ahora se utilizará el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) como la herramienta clave para definir a quién se le entrega un bono de vivienda, por lo que no será necesario pertenecer a ningún grupo, muchas veces liderado por un “gavilán”.
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“Actualmente las familias se juntan y van a una entidad autorizada a buscar un proyecto en particular. Eso está definido así desde el año 1986. Sin embargo, muchas veces las familias no conocen cómo es el proceso o están en condiciones muy lejanas o no tienen el expertise para entrar en todo este proceso del bono.
“Entonces, hay algunas familias vulnerables que eventualmente no acceden al bono. Pero ahora, bajo el concepto de la política social de precisión, con las bases de datos del Sinirube podemos hacer un ejercicio de selección de las familias mediante los parámetros definidos en la directriz 54 del Mivah”, señaló.
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Dicha normativa indica en su artículo 3 que los proyectos de vivienda de interés social financiados al amparo de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV), se orientan a la atención de familias potenciales beneficiarias que se encuentren en uno o varios de los siguientes supuestos:
a. Ser damnificadas por emergencias o ubicarse en zonas en condición de riesgo inminente declaradas mediante decreto ejecutivo o por alguna autoridad competente.
b. Formar parte de la población meta de la estrategia Puente al Desarrollo con necesidades de vivienda o bien, de otras estrategias concretas que el Poder Ejecutivo establezca para la reducción de la desigualdad o de la pobreza.
c. Tener necesidad de vivienda asociada al desarrollo de un proyecto de interés nacional debidamente declarado mediante decreto ejecutivo.
d. Tener necesidad de vivienda y estar registrada en el Sistema de Identificación de Población Objetivo (SIPO) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), o bien en el Sinirube.
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Además de estar bajo alguno de estos supuestos, las familias son priorizadas si se encuentran en “extrema necesidad”, si son lideradas por mujeres atendidas por la Ley 8688 (víctimas de violencia) y la Ley 7769 (en condición de pobreza), si son damnificadas por emergencia o están en condición de riesgo inminente. Igualmente, si hay presencia de adultos mayores o personas con discapacidad, y si viven en un tugurio o precario.
Campos destacó que ahora también se agregará un nuevo criterio llamado “arraigo”, que hará que las familias tengan prioridad si residen cerca o en el distrito donde se va a construir el proyecto de vivienda. La idea es que estén en un radio de ocho kilómetros de los servicios básicos, como salud y educación.
“Entonces con esto lo que queremos es ver el tema del arraigo, que no sean familias que vengan de muy lejos del proyecto o que no tengan trabajo. Evitamos filtraciones, también, le damos seguridad a las familias y ahora no necesitan ir a ningún lugar ni que nadie los ponga en alguna lista para el bono, será automático”, declaró.
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La ministra resaltó que las familias podrán seguir uniéndose en una asociación o grupo para acudir a las entidades autorizadas a buscar opciones de proyectos de vivienda, pero reiteró que eso ya no será necesario y que solo con estar o ser incluidas en Sinirube por alguna entidad, ya podrán ser seleccionadas y contactadas.
Dijo que aunque no cuentan con estadísticas sobre qué tanto ocurre el problema de los “gavilanes de la vivienda” en el país, se sabe que es un asunto de siempre que debe ser atendido y esta nueva reforma viene a combatirlo. “La idea es que conforme pase el tiempo la gente se dé cuenta que no los necesitan”, afirmó.
Asimismo, reconoció que existen asuntos por atender con Sinirube para que cada vez mejore la focalización de las ayudas sociales para las personas pobres, pero que eso se tomó en cuenta previo a concretar esta iniciativa y se tiene confianza en que funcionará sin problemas ni filtraciones.
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