16 de octubre de 2016

Memoria Robada: una investigación latinoamericana

Hassel Fallas

Hassel.fallas@nacion.com
Editora Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación, Costa Rica

Este especial nació en Perú a finales de 2015. David Hidalgo y Fabiola Torres (director editorial y editora de análisis de datos de Ojo Público) tuvieron la idea de investigar el tráfico ilícito de patrimonio cultural en su país. Desde un principio, ellos y su equipo, llamaron al proyecto Memoria Robada. Para desarrollarlo contaron con el apoyo de Fund for Investigative Journalism.

Conforme iba avanzando la investigación también crecía la necesidad de evidenciar que el saqueo de la memoria no es aislado y golpea a casi toda Latinoamérica.

Así surgió la idea de convertir el proyecto en una investigación regional. Fue en Buenos Aires, Argentina, donde Hidalgo invitó a la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación Costa Rica a formar parte de la iniciativa. Allí coincidimos durante una conferencia de verificación de datos en junio.

Además, ya estaban a bordo Animal Político de México, Plaza Pública de Guatemala y Chequeado de Argentina.

El objetivo era claro: crear, desde Estados Unidos a Argentina, la primera investigación periodística regional sobre el tráfico de patrimonio cultural, basada en el análisis de datos masivos. Determinar todas las ramificaciones posibles del tercer negocio ilícito más relevante del planeta, después del comercio de drogas y de armas.

Para ello, equipos de distintos medios del continente nos abocamos a investigar la situación de nuestros países y a alimentar una base de datos regional que reuniera información de cada país sobre objetos de arte robados, subastados o repatriados debido al flagelo del tráfico ilegal.

Para el capítulo de Costa Rica la investigación tuvo algunos matices distintos. El primero de ellos es que el país limitó la protección legal del patrimonio cultural, exclusivamente, a los objetos arqueológicos, precolombinos.

Monedas, sellos, libros, manuscritos, muebles, fotografías e instrumentos musicales que superen los 100 años de antigüedad, así como pinturas y esculturas pueden salir de Costa Rica libremente y ser vendidos, por sus propietarios sin dificultad alguna.

Es esa ley, la 6703, que prohíbe el comercio y la exportación de objetos prehispánicos, la que determinó que son propiedad del Estado los bienes arqueológicos encontrados en el país a partir de 1982.

Además, lo son aquellos que estén en poder de personas que no puedan probar su propiedad desde antes de 1938. La posesión solo se permite si un particular registró su colección ante el Museo Nacional durante los seis meses de amnistía que dio la legislación, hace 34 años.

Por esa razón, en las últimas tres décadas, el Museo Nacional, entidad responsable de resguardar ese patrimonio, se ha dedicado, junto con el Organismo de Investigación Judicial y la Interpol, a decomisar piezas que, ilegalmente, conservan coleccionistas.

También aquellas que son o fueron saqueadas de sitios arqueológicos y las que se exportaron para vender a traficantes, quienes, por lo general las han colocado en cotizados mercados de subastas de arte mundiales.

Los expedientes

Para esta investigación, este medio revisó, en el archivo del Museo Nacional, 40 expedientes de allanamientos y causas judiciales que dan cuenta de la recuperación de 4.066 piezas prehispánicas, entre 2010 y junio de 2016.

Con esa información se levantó una base de datos con una muestra de 710 objetos. La misma incluye solo 100 de los 3.192 bienes incautados a la familia Dada Fumero en 2010, el mayor decomiso en la historia del país.

Para cada objeto se sistematizó información sobre:

1. Número de caso del Museo Nacional
2. Número de Expediente en el Ministerio Público
3. Delito atribuido al poseedor del objeto
4. Tipo de bien
5. Material
6. Descripción
7. Estado del bien
8. Lugar del decomiso
9. Fecha
10. Autoridades involucradas
11. Foto del objeto

De la revisión de esos 40 expedientes y encontró que 17 operativos se hicieron contra comerciantes, ocho afectaron a coleccionistas, cinco más a extranjeros y los restantes 10 se derivaron de investigaciones por otros delitos o por causas desconocidas. Sin embargo, el OIJ, Interpol y el Museo Nacional no tienen evidencia suficiente que relacione a algunos de estos decomisos con bandas criminales organizadas, pero sí afirman que hay intermediarios en el negocio.

Adicionalmente, se consultaron los expedientes de 23 subastas donde el Museo Nacional detectó la venta de arte prehispánico. En este caso se recopiló, en una base de datos, la información hallada en los documentos sobre 214 objetos comerciados en Europa y Estados Unidos.

La base incluyó:

1. Tipo de bien
2. Descripción del bien
3. Lugar de la subasta
4. País de subasta
5. Ciudad de subasta
6. Modalidad de venta
7. Estado del bien
8. Fecha de la subasta
9. Monto máximo de compra fijado por la subastadora
10. Autoridades que alertaron y generaron el informe

Finalmente, se consultaron los expedientes de las 23 repatriaciones, ejecutadas o en proceso, que realiza Costa Rica ante seis países.

La información extraída se consolidó en una base de datos con los siguientes detalles:

• Número de caso
• País de repatriación
• Entidad de origen del bien
• Tipo de recepción del bien (devolución, decomiso, arreglo extrajudicial)
• Entidad repatriadora
• Entidad receptora
• Tipo de bien
• Nombre del bien
• Material
• Descripción del bien
• Fecha de la repatriación
• Estado de la repatriación (concretada o en proceso)

Este proyecto conllevó tres meses de investigación, el escrutinio de más de 4.000 folios de documentos, corroboración del estado de los 40 expedientes con causas judiciales ante el Ministerio Público y 16 entrevistas a:

• Montserrat Martell, especialista Programa de Cultura de Unesco
• Gustavo Alberto Ramírez Castilla, arqueólogo y restaurador mexicano de Veracruz
• Gustavo Chinchilla, director de Interpol Costa Rica
• Alejandro Fernández, Sección de Delitos Varios, Organismo de Investigación Judicial
• Osvaldo Ramírez, Sección de Delitos Varios, Organismo de Investigación Judicial
• Luis Diego Morera Interpol Costa Rica
• Felipe Solís, Director del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional
• Marlin Calvo Mora, jefa Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional
• Rocío Fernández, Directora del Museo Nacional
• Mónica Calvo, arqueóloga de la Universidad de Costa Rica
• Arthur Brand, investigador privado (sobre caso Patterson)
• Entrevistas a huaqueros de Guápiles
• Entrevistas a traficantes

Puede descargar las bases de datos usadas en esta investigación, aquí: BASE

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