EscucharSolo cuatro de los 21 grandes concesionarios del espectro radioeléctrico –con frecuencias superiores a los 470 megahercios (MHz) – pagan el impuesto anual obligatorio por su uso.
Así lo informó a La Nación Maryleana Méndez, presidenta de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), y aseguró que esa entidad solo logra recaudar el 50% de los cánones de reserva del espectro establecidos cada año.
Desde el 2010 hasta la fecha se han recogido ¢3.888 millones de los ¢7.157 millones que fueron solicitados por la Superintendencia y aprobados por el Ejecutivo.
¿Quién debe pagar? De acuerdo con la Ley N. ° 8.642, los operadores de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones a los que se les asignaron bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.
La Sutel invierte el tributo en la adquisición de estaciones de monitoreo de emisiones, la identificación de interferencias y emisores no autorizados, y en el pago de salarios de los funcionarios a cargo.
Los cobros son personalizados; se establecen según cantidad de espectro asignado, plazo concesionado, frecuencia, número de servicios, ancho de banda, entre otros.
La Superintendencia proyectó que este año recaudaría ¢2.633 millones, mas hasta ahora ha logrado recaudar ¢1.740 millones.
El plazo para efectuar los pagos vence dos meses y medio después del cierre del periodo fiscal.
La falla. Según Méndez y Glen Fallas, director de Calidad de la Sutel, la alta morosidad responde a lo complejo del mecanismo de recaudación: el impuesto es administrado por el Ministerio de Hacienda y, el espectro, por el Ejecutivo.
“Solo cuatro de los 21 grandes contribuyentes pagan, así de dramático. Ya lo denunciamos; algunos sencillamente no pagan, otros pagan muy poco”, dijo Méndez.
Según su criterio, si el control se moviera más cerca del regulador (la Sutel), la recaudación resultaría mucho más efectiva que hoy.
El Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, registra el 64% de participación como concesionario del espectro y debe pagar este año ¢1.683 millones.
La operadora Claro suma un 8% de participación y debe cancelar ¢209 millones, mientras que Telefónica (Movistar), con otro 8%, debe aportar unos ¢215 millones.
La cuota para los servicios de radioaficionados y banda ciudadana oscila entre ¢3.500 y ¢19.400.
