El ministro de Hacienda llama a no mentir, mientras el presidente Rodrigo Chaves miente a los damnificados. El ministro llama a poner los pies en la tierra, pero el mandatario plantea aumentar la cartera de créditos del Banco Popular exenta de la supervisión de la Sugef. El gobierno se comprometió a cumplir determinadas metas fiscales con la ley de eurobonos, pero ahora alega que las promesas no están escritas en piedra. Los siguientes son los hechos políticos más relevantes de la semana:

El titular de Hacienda, Nogui Acosta, aseveró que el sistema político debe dejar de mentir y no ofrecer a la ciudadanía lo que no se tiene. En entrevista con la periodista Lucía Astorga, el economista calificó el pacto social de Costa Rica como una mentira construida sobre expectativas, en vez de recursos reales.

En criterio del ministro, los actores políticos deben poner los pies sobre la tierra y discutir cuál es exactamente la inversión social que el Estado debe y puede financiar.

El martes 12 de noviembre, un día después de la publicación de la entrevista, el Ministerio de Hacienda envió un comunicado para advertir de que el déficit fiscal, con corte a setiembre, es peor de lo que se había informado. La cifra alcanzó el 2,7% del producto interno bruto (PIB).

El ministro dijo que la brecha entre ingresos y gastos es preocupante y, aunque las calificadoras de riesgo Moody’s y S&P mejoraron la calificación crediticia de Costa Rica, algunas iniciativas de ley sin sustento técnico reducen los ingresos tributarios.

No obstante, su antecesor, el exministro de Hacienda Elian Villegas, anotó que el gobierno actual tampoco ha podido contener el gasto público. En su criterio, la administración cometió errores, como el pago de incrementos salariales retroactivos a los empleados públicos.

En tanto, en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, empezó la discusión de un proyecto de ley para flexibilizar las metas fiscales que el gobierno se había comprometido a cumplir en la ley de eurobonos, precisamente porque ya son muy difíciles de alcanzar.

El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), llamó a rechazar la solicitud del gobierno.

"Nos están diciendo en la cara ‘no vamos a cumplir, y no solo no vamos a cumplir, sino que ahora los queremos a ustedes de cómplices’", afirmó Feinzaig.

Por su parte, la legisladora de gobierno, Pilar Cisneros, respondió que las promesas no están escritas en piedra e insistió en que la rebaja del marchamo afectó las finanzas públicas.

Contrario a lo que se esperaba, el proyecto no se dictaminó, sino que entraron mociones que propiciarán una discusión más amplia. El Ejecutivo necesita la aprobación del proyecto para postergar las dos últimas emisiones de deuda internacional en eurobonos, por $1.000 millones cada una, para los años 2025 y 2026.

Damnificados en videos propagandísticos

Mientras el ministro de Hacienda llama a no mentir, el mandatario Rodrigo Chaves mintió a los damnificados por las lluvias diciendo que los legisladores se oponían a que les dieran comida. El político aprovechó la entrega de alimentos para insistir en su política de Estado de desprestigiar a los demás. Mientras lo hacía, un equipo de la Casa Presidencial grababa la escena propagandística. Sin embargo, ni siquiera los diputados del gobierno, incluida Pilar Cisneros, confirmaron haber escuchado a algún congresista oponerse a la asistencia humanitaria.

La diputada Sofía Guillén resumió muy bien lo sucedido: “Comida en mano, le dice ‘¿usted quiere que yo bote esto al río?, no, ¿verdad?, porque eso quieren algunos diputados. Eso no se hace. Señor presidente, no se puede ser tan mezquino. Uno no se puede burlar así de la necesidad de la persona. ¿Cómo vas a enseñarle una bolsa de comida y decirle ‘¿querés que tire esto al río?’, mientras la persona evidentemente está esperando que se la den, ¿qué es esa falta de respeto a la dignidad humana, Dios mío?”.

Le corresponderá a la Sala Constitucional dilucidar si se ameritaba autorización legislativa previa para el ingreso de los militares salvadoreños. El Congreso aprobó la entrada el 13 de noviembre, un día después de que 75 miembros de las fuerzas de El Salvador arribaron al país enviados por el presidente Nayib Bukele.

El diputado Danny Vargas presentó un recurso de amparo. El gobierno sostiene que el permiso no se requería, porque los militares venían en misión humanitaria.

También, en contraposición a los llamados de Nogui Acosta a poner los pies sobre la tierra, el gobierno impulsó un proyecto de ley para aumentar la cartera de créditos que el Banco Popular (BP) puede manejar sin supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Se trata de un "fondo especial" financiado con las utilidades del BP y los aportes obligatorios de los patronos.

Es difícil entender cómo el gobierno promueve una iniciativa de este tipo en tiempos de escándalos financieros. Con buenas razones, la Sugef fustigó el proyecto al advertir de que así se crean las estructuras de riesgo y difícil recuperación.

El presidente Rodrigo Chaves incluyó esta iniciativa en la primera convocatoria del actual periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, pero luego la desconvocó.

En tanto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que la deuda del gobierno con esta institución subió a ¢4 billones, de los cuales ¢3,3 billones corresponden al Seguro de Salud y ¢689.000 millones al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.

¡Nos leemos en una semana!