Miércoles 4 de setiembre del 2024

Amparo por la ruta 32

Cuando las obras de ampliación de la ruta 32 estén completas, el país tendrá una carretera de calidad inferior a la diseñada. Los pasos a desnivel serán rotondas y faltarán más de 40 puentes peatonales, indispensables para unir a comunidades cuyas vidas transcurren en ambos lados de la vía.

Un grupo de vecinos integrado a la Unión Provincial de Limón se niega a aceptar ese resultado y acudió a la Sala Constitucional para exigir la rectificación de las alteraciones al diseño, en defensa del derecho a la vida y la integridad física, así como a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Los recurrentes piden a los magistrados ordenar al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la construcción de pasos a desnivel, según el diseño original, y no las rotondas ideadas para estirar el menguante presupuesto de la obra. También piden concluir los retornos faltantes, las intersecciones a nivel, el sistema de iluminación a lo largo de la carretera y la edificación de casetas en las bahías para buses siguiendo “las mejores prácticas internacionales”.

La respuesta de los magistrados al recurso de amparo promete ser interesante. Si no hay dinero ni tiempo para edificar los pasos a desnivel, e incluso se retiraron partes ya instaladas, la responsabilidad es del Estado, que incumplió los trámites de expropiación de los terrenos donde la contratista debía construirlos. En su ausencia, el tránsito por la carretera será más lento y peligroso, pero la Sala, acostumbrada a modular los efectos de sus resoluciones para impedir efectos no deseados, podría tolerar el resultado subóptimo. Lo mismo podría suceder con otras obras reclamadas, aunque en ningún caso los recurrentes rebasan el límite de lo razonable.

No obstante, la omisión de los puentes peatonales es difícil de justificar. Son indispensables para asistir a la escuela, la pulpería, la clínica o las casas de parientes y amigos. El riesgo creado por la nueva carretera y la partición de las comunidades en dos existe para la población de cualquier edad, pero es mucho mayor para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En este punto, el reclamo de los limonenses encuentra apoyo en abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, como la orden girada al MOPT, al Conavi y la municipalidad local para construir aceras, puentes peatonales y demarcar bahías de autobuses en Piedades de Santa Ana. Quizá el Ministerio deba comenzar a pensar en la reserva de dónde podrían salir los recursos. En varios casos, los magistrados dieron seis meses para acatar lo ordenado.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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