Para algunos, el proceso entre la sospecha, los exámenes, el diagnóstico y el tratamiento temprano, se produce con razonable rapidez, menores efectos secundarios y mayores posibilidades de éxito. Para otros, la lentitud, la negligencia, la inadecuada capacitación de algunos profesionales y las complejidades de los procesos burocráticos en el sistema de salud, pasan la peor factura: mayor sufrimiento y muy probable muerte.
Son ellas las personas víctimas de los escollos que surgen en lo que Adrián Guzmán Ramírez, médico oncólogo del Hospital Max Peralta, de Cartago, con acierto denomina la “ruta del cáncer”, convertida en viacrucis. Esa es la vía que los pacientes deben transitar desde que existe una sospecha sobre la presencia de la enfermedad hasta el diagnóstico que indique el abordaje por seguir. Aunque sea expedita, nunca hay certeza de un buen resultado, pero el gran problema es que, con inaceptable frecuencia, puede tardar años en completarse. Es entonces cuando evitar desenlaces fatales quizá resulte imposible.
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Sus apreciaciones las expuso durante una reciente actividad en la Universidad de Costa Rica, destinada no solo a perfilar la dimensión del reto, sino a discutir posibles soluciones.
Las connotaciones humanas de estas situaciones son obvias, tanto para los pacientes que deben pasar por preocupación, ansiedad, frustración y sufrimiento, como para sus familiares. La vida es lo más preciado que tenemos los seres humanos. Pero, a la vez, existen fuertes impactos materiales. Los diagnósticos oportunos, que conducen a tratamientos tempranos, más económicos y eficaces, no solo salvan vidas, sino que también ahorran dinero y, por ende, permitirían mejorar la oportunidad y calidad de todos los servicios que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, reducirían los tiempos por incapacidad, que afectan al conjunto de la economía e impactan las finanzas de la institución, por menores cotizaciones y mayores transferencias.
Por algo el oncólogo citado afirmó que “la atención temprana no solo significa vida, también es ahorro para el sistema de salud. Es un ganar-ganar”. Sin embargo, pareciera que nos hemos sumergido en un “perder-perder”, con otra inaceptable connotación, compartida en todos los casos de retrasos en atención oportuna, y que generan las abultadas listas de espera sin “ruta” de solución a la vista. Nos referimos a su injusticia socioeconómica implícita. Ante la tardanza en obtener un diagnóstico, un tratamiento o un medicamento, las personas con cierto nivel de ingreso pueden realizar el esfuerzo de acudir a la medicina privada. A las que carecen de tal posibilidad, no les queda más que esperar, con las consecuencias que ello implique.
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Dada esta situación, sea en relación con Oncología, Ortopedia, Nefrología, Oftalmología u otras especialidades y procedimientos, decenas de miles de personas se han visto forzadas a optar por los recursos de amparo ante la justicia, para exigir una atención oportuna. El año pasado, la Sala Constitucional resolvió 16.109 casos relacionados con temas de salud, 21,13% más que en el 2023. Y aunque no todos recibieron respuesta favorable, en la inmensa mayoría, la Caja debió brindar la atención requerida.
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Estas cifras crecientes reflejan un problema más: la tendencia a una “judicialización” de la salud cada vez más marcada. Y si bien esta tiene la virtud de que protege derechos y vidas individuales, algo a lo que obligan nuestra Constitución, varias leyes y un elemental sentido humano, a la vez afecta la adecuada planificación institucional: otro reflejo del “perder-perder”.
En la actividad de la UCR, se discutieron diversas soluciones; por ejemplo, contar con médicos en cada área de salud que puedan servir como “enlaces del cáncer” a los que profesionales en la primera línea de atención refieran de inmediato los casos sospechosos.
Hay muchas opciones prácticas más que, en última instancia, remiten a una mejor gestión del sistema. Por desgracia, las falencias de CCSS en tal sentido se han agudizado durante la actual administración, por las interferencias políticas, el desorden y la incapacidad para abordar el problema, sea en relación con el cáncer o con otras enfermedades, desde la dimensión sistémica que sin duda tiene.
Es decir, no es solo –y, quizá, ni siquiera tanto– un desafío médico, sino administrativo. Y debe resolverse por respeto al bienestar y la vida de los seres humanos y a la integridad institucional de la Caja.