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1. Prima de Nayib Bukele participa en nuevo partido político en Costa Rica
Johanna Carolina Bukele Handal, prima del presidente salvadoreño Nayib Bukele, participa en la inscripción del partido Avanza ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Bukele es tesorera suplente en Santa Ana, y su esposo, José Aguilar Berrocal, ocupa el cargo de tesorero en Escazú. Aguilar, excandidato a vicepresidente con el Partido Liberal Progresista en 2022, ha mostrado interés en postularse a la presidencia en 2026. Este no es el primer intento de Johanna Bukele en la política costarricense. En 2021, participó junto a su familia en la dirección del fallido Partido Alianza Democrática Nacional (ADN), que no logró su inscripción. En la conformación del ADN, Christian Rivera Paniagua, médico y excandidato presidencial del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) en 2022, se alió con los Bukele y otras figuras. Rivera ha estado involucrado en diversos procesos electorales, mostrando su habilidad para tejer alianzas estratégicas. También participó Douglas Caamaño, quien posteriormente trabajó en la dirigencia electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), por el cual fue electo el actual presidente Rodrigo Chaves. Caamaño ha estado vinculado a polémicas tácticas electorales, como el envío masivo de mensajes intimidatorios durante la campaña presidencial de 2022, alertando sobre sanciones por delitos electorales. Actualmente lidera el partido en formación Revolución, sumando su experiencia a nuevos proyectos políticos. Por su parte, Jonathan Prendas, exdiputado del Partido Nueva República, lidera el proceso de inscripción de Avanza. Prendas ha minimizado la participación de Johanna Bukele, señalándola como “casuística”, pero su presencia resalta un posible vínculo indirecto con la influencia política de Nayib Bukele en Costa Rica. El comité provisional de Avanza es presidido por Mario Calzada Sáenz, padre de Marco Calzada, joven asesinado en 2022, un hecho que marcó un momento trágico en el país. Tanto Prendas como otros miembros clave del partido han optado por no dar declaraciones al respecto. ¿Por qué importa? Este tema es relevante porque evidencia cómo actores políticos, tanto nacionales como extranjeros, influyen en el reacomodo del panorama electoral costarricense. Las conexiones con figuras conocidas, como Christian Rivera y Douglas Caamaño, reflejan estrategias de consolidación política que podrían marcar el rumbo de futuros comicios en el país. Además, la presencia de la prima de Nayib Bukele llama la atención sobre posibles dinámicas de poder transnacional que afectan a Costa Rica. ¿Quiere saber más? Siga leyendo aquí.
2. Marta Esquivel exige pago de salario durante suspensión
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), apeló la suspensión de su salario de ¢5,5 millones mensuales mientras cumple una medida cautelar de seis meses ordenada por el Juzgado Penal de Hacienda. La suspensión responde a una investigación por presunto tráfico de influencias y perjuicio contra la Hacienda Pública en la adjudicación de contratos para administrar 138 Ebáis con aparentes sobreprecios. La funcionaria presentó un recurso de revocatoria alegando que el cese de su salario equivale a un “despido encubierto” y que únicamente el Consejo de Gobierno tiene la potestad para decidir sobre su remuneración. Además, argumentó que la decisión administrativa vulnera principios laborales como el in dubio pro-operario. La suspensión salarial se basa en un criterio jurídico de la CCSS que se apoya en jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde se señala que trabajadores suspendidos o bajo prisión preventiva no deben ser remunerados debido a la imposibilidad de ejercer sus funciones. La Dirección Jurídica concluyó que esta medida aplica a Esquivel, quien enfrenta restricciones judiciales tras la operación Caso Barrenador, que reveló irregularidades en contratos administrativos. La Nación intentó obtener declaraciones de Marta Esquivel, pero no obtuvo respuesta. La Sala Constitucional también rechazó un recurso de habeas corpus presentado por Esquivel contra su trato durante su detención. ¿Por qué importa? Este tema resulta crucial porque destaca un caso de posible corrupción en la principal entidad de salud pública, involucrando a su máxima autoridad. Además, pone en discusión el uso de fondos públicos, el manejo de contratos administrativos y los límites de las potestades judiciales y administrativas. Es un tema de interés nacional por su impacto en la confianza pública y la integridad de las instituciones.
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3. MECO y Pedregal donaron asfalto y maquinaria para reparar pista del aeropuerto de Liberia
Las empresas constructoras MECO y Pedregal donaron materiales, maquinaria y horas de trabajo para realizar reparaciones urgentes en la pista del aeropuerto de Liberia. Según confirmó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, los trabajos se realizaron en 32,5 horas continuas para reparar 17 puntos críticos de la pista, afectados por las lluvias recientes. Pedregal aportó 200 toneladas de asfalto, mientras que MECO proporcionó maquinaria y personal para realizar las reparaciones. La donación fue anunciada por Batalla durante una transmisión en vivo y posteriormente agradecida por el presidente Rodrigo Chaves en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Sin embargo, no se explicó bajo qué condiciones legales se realizaron las donaciones ni si estas contaron con la aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac). MECO y Pedregal son contratistas frecuentes del MOPT, el Conavi y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Actualmente, MECO enfrenta la suspensión de un contrato de ¢21.000 millones para rehabilitar la pista, debido a incumplimientos en plazos y requerimientos técnicos. Pedregal, por su parte, ejecuta contratos de conservación vial en la Interamericana Norte y en Puntarenas. ¿Por qué importa? Esta noticia es clave, pues evidencia cómo empresas privadas intervienen en emergencias nacionales relacionadas con infraestructura crítica. Además, plantea interrogantes sobre la transparencia y los procedimientos legales para aceptar donaciones en el sector público, especialmente de empresas con contratos activos o pendientes de evaluación con las mismas instituciones que regulan sus aportes. ¿Quiere saber más? Profundice aquí.
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