EscucharNinguna fuente confiable ha revelado evidencia que sugiera que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, esté lavando dinero en Costa Rica, como lo afirman múltiples páginas en Internet. Dichas publicaciones mencionan datos inconsistentes con la información que, hasta el momento, manejan las autoridades. Por ejemplo, al menos dos sitios hablan de que Zelenski tendría el dinero guardado en el Dresdner Bank Lateinamerika, una entidad financiera que ni siquiera opera en el país.
El rumor sobre las supuestas inversiones fraudulentas de Zelenski en el país lo divulgan los sitios TimiSsss News y Pledge Times. Ambas publicaciones afirman que sus fuentes de información son canales de Telegram asociados a políticos de oposición ucranianos y a círculos cercanos a Vladimir Putin, el presidente de Rusia que actualmente dirige la invasión de Ucrania. Las especulaciones fueron replicadas el fin de semana por el perfil de Facebook Cata Vargas Hicken, el cual reproduce frecuentemente desinformación sobre Costa Rica.
Los dos sitios web publicaron textos en los que afirman que Zelenski —el dirigente de la resistencia ucraniana— tiene $1,2 billones guardados en cuentas bancarias en Costa Rica, específicamente en el Dresdner Bank Lateinamerika. El dinero, supuestamente, lo depositan periódicamente multimillonarios ucranianos. Sin embargo, dicha entidad financiera no opera en Costa Rica, según lo confirmó a La Nación la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional dispone “que los bancos extranjeros, para establecer una sucursal bancaria y realizar actividades bancarias en el país, deberán contar con la autorización del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). A la fecha, esta entidad financiera nunca ha realizado gestiones de autorización ante el CONASSIF, ni es supervisada por parte de la Sugef, indicó la Superintendencia.
El Dresdner Bank Lateinamerika (DBLA) fue la filial del banco alemán Dresdner Bank que se especializó en negocios con América Latina. Sin embargo, en el 2004 la entidad financiera anunció el cierre de esta rama, y la atención a futuro por parte del banco solo en las sedes de Colombia, México, Chile y Brasil; según lo informó en su momento el grupo noticioso estatal de Alemania, DW.
La Nación también consultó al Ministerio Público si existe alguna investigación judicial en curso sobre presuntas actividades ilícitas, relacionadas con lavado de dinero, que involucren al presidente Zelenski o a altos mandos del Gobierno de Ucrania. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial confirmó que no tramita ningún caso con dichas características.
Vigilancia de capitales extranjeros
Por su parte, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cuya Unidad de Inteligencia Financiera es la encargada de emitir reportes de operaciones sospechosas, indicó que desde la semana pasada se enteró de la circulación de rumores sobre las supuestas inversiones fraudulentas de Zelenski en el país. Sergio Rodríguez, director del Instituto, indicó que la entidad actuó de manera preventiva ante las alertas y activó un protocolo para confirmar o descartar la veracidad de tales informes.
Tales investigaciones son confidenciales. Si se detectaran indicios de actividad delictiva, el caso se trasladaría al Ministerio Público para la eventual apertura de pesquisas judiciales. En un comunicado, el ICD indicó que la normativa para prevención del lavado de dinero obliga a los bancos a acatar regulaciones sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP), tanto nacionales como extranjeros.
Con ese tipo de clientes, las entidades financieras deben vigilar el origen de los fondos y llevar “un monitoreo continuo de la relación comercial”. Además, cuando se trata de transferencias provenientes del exterior, se aplica un protocolo que les permite verificar, de previo a que la persona reciba o envíe fondos, la procedencia del dinero y el motivo de la transacción, “cuando sus características, monto, actividad, país de origen o destino” , puedan representar un riesgo de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo.
