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Como parte de sus esfuerzos por bloquear la aprobación del proyecto de ley que pretende prohibir, en el país, las terapias de conversión de personas LGBTIQ+, el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, reproduce mitos sobre este tipo de intervenciones, las cuales carecen de justificación médica y son catalogadas como “completamente antiéticas” por los especialistas en psiquiatría.
Las intervenciones que el legislador defiende parten de la idea de que las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersex, entre otras) padecen un mal que puede “curarse”, por medio de la modificación de la orientación sexual y la identidad de género.
Esas “terapias” con frecuencia se basan en métodos aversivos, a través de los cuales la persona es sometida a sensaciones negativas, dolorosas o angustiantes mientras está expuesta a estímulos relacionados con su orientación sexual.
En la Asamblea Legislativa se tramita un plan de ley que sancionaría este tipo de prácticas, pero Nueva República se opone, con argumentos relacionados con la libertad religiosa, el ejercicio profesional y el supuesto “derecho a cambiar”.
Alvarado expuso sus alegatos en una imagen que publicó en sus redes sociales, titulada: “5 razones para estar en contra de la prohibición de las terapias de conversión”. No obstante, la mayoría de argumentos se basa en ideas desacreditadas por la ciencia.
La homosexualidad no se ‘cura’
Alvarado asegura que las terapias de conversión son formas de “ayuda a personas homosexuales que desean cambiar su estilo de vida”, y que “una gran cantidad de personas decide abandonar la homosexualidad”.
Esta posición parte de la creencia de que las personas LGBTIQ+ pueden o deben “curarse”, pero las orientaciones sexuales e identidades de género no son enfermedades y, por lo tanto, no tienen tratamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de males hace 32 años, en 1990, y ahora más bien la reconoce como “una variante normal de la sexualidad humana”.
“Los supuestos servicios de “curación” de personas con orientación sexual no heterosexual carecen de justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas”, dice la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el tema.
Asimismo, la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA, por sus siglas en inglés) considera que la realización de cualquier intervención para “tratar” algo que no es un desorden es “completamente antiética”.
Por el contrario, la comunidad médica y científica advierte sobre los graves daños que este tipo de intervenciones causan en sus víctimas.
“Se reconoce la falta de eficiencia científica de los tratamientos que procuran cambiar la orientación sexual de una personas y se resalta el daño y los efectos adversos de las supuestas terapias”, afirma la WPA.
Tales efectos incluyen, según la ONU, “pérdida significativa de autoestima, ansiedad, síndrome depresivo, aislamiento social, dificultad para la intimidad, odio a sí mismo, vergüenza y culpa, disfunción sexual, ideación suicida e intentos de suicidio y síntomas de trastorno de estrés postraumático”.
No prohíbe ‘cualquier tipo de ayuda’
Fabricio Alvarado también argumenta que el proyecto de ley 20.970 castigaría “cualquier tipo de ayuda que se le brinde a una persona con dudas de su sexualidad”; sin embargo, la iniciativa que se tramita en el Congreso se refiere específicamente a “cualquier terapia aversiva que pretenda suprimir, revertir o modificar, a modo de pretendida curación, las características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual de cualquier persona”.
De acuerdo con Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, la aversión es el sometimiento de la persona “a una sensación negativa, dolorosa o angustiante mientras se le expone a un estímulo vinculado a su orientación sexual”.
Métodos que se usan en este tipo de intervenciones, según el especialista, incluyen los abusos físicos, psicológicos y sexuales, la electrocución, la medicación forzada, el aislamiento, el confinamiento, las injurias y la humillación.
El proyecto de ley, además, aclara que se podrán administrar tratamientos y servicios “de tipo afirmativo del género y sexualidad”, cuyo fin sea asegurar el derecho del paciente a la salud y la identidad, apegados a estándares internacionales y realizados por profesionales de la salud debidamente colegiados.
Ese tipo de atención sí lo avalan los profesionales en psiquiatría, quienes reconocen que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas pueden requerir terapia para “vivir más cómodos, reducir el estrés, lidiar con la discriminación y desarrollar un mayor grado de aceptación” hacia sí mismos.
Esos principios, dice la WPA, aplican para cualquier persona que experimente dificultades relacionadas con algún aspecto de su identidad, incluyendo a los heterosexuales.
Dudosa estadística sobre ‘arrepentidos’
Fabricio Alvarado alega, en la imagen que difunde en redes sociales, que “el 20% de las personas que se someten a tratamientos hormonales, se arrepienten”. La Nación consultó al despacho del legislador cuál es la fuente de dicha estadística, pero, al cierre de este artículo, no se obtuvo respuesta.
La evidencia disponible en fuentes científicas y reconocidas indica que en realidad, entre la población que opta por tratamientos para afirmar el género con el que se identifica, el porcentaje que se arrepiente es mucho más bajo que el anunciado por el diputado. Además, la mayoría de quienes lamentan su decisión, argumentan que se debe al maltrato de sus allegados.
Así lo encontró, por ejemplo, una investigación liderada por especialistas de las universidades de Stanford, Boston y Harvard, publicada el año pasado en la Librería Nacional de Medicina del gobierno de los Estados Unidos.
Los investigadores entrevistaron a 27.715 personas transgénero, de las cuales, un 62% reportó haber optado por algún método de afirmación de género. De ese grupo, un 13% (2.242 personas) reconocieron haber revertido su transición, pero la mayoría atribuyó la decisión a factores externos, incluyendo presión familiar y estigma social.
Un sondeo similar lo realizó en el 2015 el Centro Nacional para la Equidad Transgénero, en Estados Unidos. Participaron 28.000 personas, de las cuales un 8% dijo haber revertido su transición. De ese grupo, un 62% reportaron que la reversión fue temporal, motivada principalmente por la presión de la familia. Solo un 0,4% de las personas dijeron haberse dado cuenta de que el cambio de género no había sido la elección correcta.
Colegio de Psicólogos respalda el proyecto
Un cuarto argumento de Alvarado para defender las terapias de conversión es que, supuestamente, la prohibición “violenta el ejercicio profesional”. “Los psicólogos que realicen ‘terapias de conversión’ verán afectada su labor profesional”.
Sin embargo, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica avala la iniciativa de ley, e incluso recomendó su aprobación.
“(...) Se considera que la iniciativa con expediente N0.° 20.970 es de relevancia social y la redacción del texto es pertinente y acorde al marco de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales que velan por dicho cumplimiento”, dijo el Colegio ante los diputados.
En el país, solo pueden ejercer la psicología los profesionales debidamente colegiados, quienes deben respetar las disposiciones y la normativa de dicha entidad.
