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El sindicalista Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), difundió en su cuenta de Twitter información falsa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno para reducir, en un 15%, las jornadas y los salarios de los funcionarios públicos que ganan más de ¢1,5 millones.
El sindicalista publicó un mensaje en que asegura, erróneamente, que los diputados no forman parte de la rebaja propuesta por el Gobierno.
“¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Diz que ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman “dietas”. ¿Será posible tal cinismo político?”, dice el posteo de Vargas.
La ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, explicó a La Nación que la aseveración del sindicalista es incorrecta, ya que el proyecto presentado sí contempla la reducción del salario de los diputados.
“Todos los poderes de la República y las autoridades somos parte. Están incorporadas todas aquellas personas servidoras públicas que ganan más de ¢1,5 millones.
“Los diputados sí están regulados por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Por ende, comprende a los mismos. El rebajo aplica a que se les reduce, al final, el 15% del total de su remuneración bruta”, dijo la jerarca.
La iniciativa de reducir las jornadas y los salarios de los funcionarios públicos la planteó el Gobierno para atenuar el gasto público durante la crisis económica por el covid-19.
El plan excluye a los funcionarios de las instituciones que se encuentran en la primera línea de atención de la emergencia, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Bomberos, cuerpos policiales y centros penitenciarios.
El proyecto alcanza a los trabajadores de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), órganos desconcentrados adscritos a los ministerios, instituciones autonómas y semiautonómas, empresas públicas del Estado y municipalidades.
El recorte también les aplicaría a las superintendencias.
En el caso de las instituciones que están fuera de la esfera del Gobierno, estas tendrían que pasar los recursos ahorrados al Ministerio de Hacienda, para ayudar a paliar el déficit financiero.
Esta no es la primera vez que Albino Vargas difunde información falsa sobre las acciones del Gobierno.
En agosto del 2019, el sindicalista dijo que la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) había pagado $37 millones (unos ¢21.000 millones) por la participación de Costa Rica en la feria de promoción comercial del sector alimentario para Oriente Medio Gulfood 2019, en Dubái.
No obstante, el costo real fue de $55.812 (¢34 millones), un 0,15% del gasto publicado por Vargas, según confirmó Procomer a La Nación.
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