En los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo superó los US$50, un 75 por ciento más que hace doce meses. La factura petrolera nacional del año pasado ascendió a $523 millones y las autoridades estiman que necesitarán $200 millones adicionales para pagar la de este año. Este gasto presionará el ya abultado déficit de cuenta corriente y su impacto será peor si no se actúa con firmeza y celeridad. El país requiere de medidas urgentes para ahorrar hidrocarburos; ninguna será popular, pero las consecuencias de la inacción –o de una respuesta timorata– serán mucho más dolorosas.
Por ahora, el aumento en las exportaciones y en el ingreso de turistas evita el deterioro de las reservas monetarias internacionales, pero los altos precios de los combustibles afectarán el consumo interno y disminuirán el crecimiento económico. Históricamente, los “shocks” petroleros se traducen en recesión económica. Solo la aplicación de medidas enérgicas y oportunas pueden minimizar el impacto de esta condición externa.
Afortunadamente, Costa Rica no depende del petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas. Más del 95 por ciento de la energía eléctrica que consume el país se genera en fuentes limpias y renovables. La visión de los fundadores del Instituto Costarricense de Electricidad nos hizo menos vulnerables ante los volátiles precios del crudo. Desgraciadamente, en el sector del transporte ocurrió lo contrario. La miopía y el clientelismo de las últimas décadas desembocó en una total dependencia del transporte en los hidrocarburos, al punto que el 72 por ciento de la factura petrolera se destina a transportar bienes y personas.
Las medidas para ahorrar combustible deben trascender la simple –y bien intencionada– campaña publicitaria anunciada por el Gobierno. Los costarricenses debemos adquirir conciencia de que todos los días desperdiciamos millones. Al menos, deberíamos compartir el viaje al trabajo con un colega. El congestionamiento, producto del incremento en la flota vehicular, la mala señalización vial, el irrespeto a la Ley de tránsito y a las prohibiciones de estacionamiento, también genera un significativo desperdicio de combustible.
Cambios culturales como estos requieren de mucho más que un mensaje de ahorro, y el Gobierno debe empezar a imponerlos cuanto antes. Las medidas de corto plazo podrían incluir limitaciones de ingreso al centro de la ciudad, según el número de placa, carriles restringidos para vehículos con dos o más personas, jornadas laborales de cuatro días de doce horas y cambio del horario de entrada a clases. Las empresas privadas podrían contribuir estableciendo servicios de transporte colectivo para sus empleados. El costarricense puede cambiar su comportamiento cuando quiere. En el pasado, para ordenar el tumulto de las paradas de buses, bastó un rótulo con la leyenda “La fila empieza aquí”.
En el mediano plazo, el país debe revisar los estímulos fiscales para transformar la flota vehicular. La estructura impositiva actual fomenta la adquisición de automóviles viejos, de bajo rendimiento. Además, es necesario acelerar la concesión del ferrocarril eléctrico al Pacífico, que podría reducir el tránsito de furgones de carga por las carreteras. La adopción de combustibles alternativos y renovables, como el etanol, también podría recibir estímulos fiscales. En el ámbito laboral, podrían fomentarse esquemas de trabajo remoto, utilizando Internet, para que las personas puedan laborar desde sus casas. Para este fin, la Red de Internet Avanzada se torna indispensable.
Las alternativas para el ahorro de combustibles existen. El Ministro del Ambiente y Energía debe liderar el esfuerzo técnico con sus especialistas. Si por miedo al costo político se deja de actuar con firmeza hoy, mañana el precio será mayor, no en términos políticos, sino donde más afecta a la población: el bolsillo.
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