¿Cuántos somos? La pregunta no tiene interés puramente académico. La representación geográfica en la Asamblea Legislativa depende de la respuesta. Dieciséis años después del último, el Gobierno ha tomado la decisión de efectuar un censo nacional el año entrante. El Poder Ejecutivo decretó de interés público, el 5 de noviembre pasado, la preparación, procesamiento, publicación y difusión de este proceso. Con lo cual el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependencia encargada de esta tarea, podrá exigir apoyo de cualquier dependencia pública. Dispondrá, además, de ¢1.500 millones presupuestados para financiar sus labores.
El censo nacional es una necesidad. No solo la distribución de diputados por provincia se calcula con base en el censo, sino que la mayoría de las estadísticas sociales y algunas económicas se basan en él. El censo constituye una herramienta de vital importancia para la planificación del país. Desde 1994, cuando se debió haber efectuado el último censo, los gobernantes han conducido al país, si no a ciegas, al menos a través de un vidrio nublado.
El censo nacional recopila datos tanto poblacionales como de vivienda. El censo poblacional nos guía sobre la condición económica y social de los habitantes en detalle, lo que permite desagregar las estadísticas al máximo. El censo de vivienda ilustra sobre la calidad de las viviendas, dónde viven los habitantes, los servicios de que disfrutan esas viviendas, los materiales y el tipo --apartamento, casa, multifamiliar-- de estas: datos esenciales para la formulación de políticas sociales y para la medición comparativa del desarrollo del país, con respecto a otros. La falta de un censo actualizado se ha convertido en una verg,enza nacional. En la década de los noventas, solo a Haití y a Costa Rica, en todo el continente Americano, les fue imposible realizar un censo. Como suele ocurrir en el sector público ante la desidia, las excusas no faltan. En 1994 el censo se postergó por el cambio de gobierno, un acto previsible desde 1949. Al año siguiente, la excusa fue la huelga de maestros, quienes participan activamente en la recolección de datos. El huracán César obligó a suspender el censo en 1996, y en 1997 fue la deuda interna --otro endémico problema-- el trillado pretexto.
Según el decreto publicado, la recolección de datos empezará el 26 de junio del año entrante y durará una semana. Esta fecha precisa augura mejores posibilidades, pero no garantiza el cumplimiento del compromiso adquirido. Aún falta por aprobar el presupuesto nacional con la partida que dará sustento al proceso censal. Y, luego, corresponderá al Ministro de Hacienda girar estos recursos y no alterar las prioridades de gasto, como ocurrió en años anteriores. La participación de los maestros ha sido siempre indispensable para la confiabilidad del censo. El liderazgo nacional, el conocimiento de la comunidad y la experiencia hacen a los educadores las personas idóneas para recolectar los datos. Merecen total apoyo en esta labor así como, obviamente, el pago adicional por estas funciones. Los 26.000 maestros asumirán, a partir de la última semana del próximo mes de junio, otra tarea fundamental para el país. En última instancia, todo depende de su actitud y de su espíritu de responsabilidad.
La población tiene que entender la trascendencia que el censo tiene para el país. Solo así brindarán colaboración total a los maestros que recolectarán los datos. Los medios de comunicación masiva deben contribuir a generar esa conciencia. La efectividad de las políticas que establezcan los gobiernos dependerá en gran medida de la confiabilidad del censo. Esta confianza es producto únicamente de la seriedad con que respondan los habitantes a las preguntas. Desde este punto de vista, todo lo que rodea el censo representa un deber cívico.
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