Cada día más ciudadanos, incluso contra las normativas vigentes, hacen modificaciones a sus vehículos, con el fin de mitigar, en algún grado, el impacto en la economía familiar de la escalada de los precios internacionales del petróleo.
A los altos costos del crudo en el mundo, en el caso de Costa Rica, hay que sumar cargas impositivas directas y otras erogaciones indirectas que impulsan la espiral inflacionaria vinculada con el transporte, como la revisión técnica vehicular, el mantenimiento de los automóviles, que se eleva debido al lamentable estado de la red vial, el sostenimiento operativo de una refinadora pública inoperante y las jugosas ganancias de los expendedores.
Modelo obsoleto. La alternativa al vehículo particular, el transporte público, está sustentada en un modelo obsoleto y es de una calidad pésima, lo que impide que la gente, que cada día vive más lejos de su lugar de trabajo, desista de la idea de adquirir un automóvil, con el cual congestionar aún más la deficiente infraestructura vial del país. Pareciera, incluso, que la condición plena de ciudadano se adquiere solo detrás del volante de un automotor, lo que relega a usuarios del transporte masivo y a peatones a un segundo plano en el uso del espacio público. Lo mismo sucede con el transporte de carga, sujeto a muy pocas regulaciones y que, además, se libró hace 15 años de la competencia del ferrocarril.
El impacto en los precios de gasolina y diésel provocan un efecto dominó, que alienta la inflación y estorba la productividad. Si los precios siguen en alza, el Gobierno deberá analizar recortes impositivos porque; de lo contrario, la economía podría correr graves riesgos.
Desde la década de 1970, cuando se dio la primera crisis por el embargo petrolero de las naciones árabes a Occidente, se plantearon múltiples opciones tecnológicas para reducir la dependencia del “oro negro”.
Búsqueda obstaculizada. El contubernio internacional entre el conglomerado petroquímico, los países productores de crudo, las mayores potencias económicas y la industria automotriz, ha impedido la búsqueda de una alternativa viable al petróleo.
El etanol, el biodiésel, el hidrógeno, los motores híbridos y otros sistemas de locomoción no pasan de ser atracciones “futuristas” en las ferias automovilísticas, donde se siguen vendiendo los modelos 4x4, que consumen cantidades irracionales de combustibles fósiles, lo que además tiene un impacto ecológico muy grave.
La única opción para Costa Rica es la de limitar el acceso universal al auto. Sin embargo, primero sería necesario remodelar el transporte público, para que sea rápido, cómodo y eficiente, así como resucitar al tren, como la mejor opción para la movilización de carga y personas en distancias medias y largas.
El país, de una vez por todas, debe definir un sistema de transporte coherente con un Estado social y democrático de derecho, donde la prioridad no son los vehículos, sino el bienestar de las personas.