Me causó tristeza y desconcierto enterarme de que la Junta Directiva del INS aprobó un aumento salarial retroactivo sin ningún estudio y sin tomar en cuenta el criterio de la Contraloría y otros organismos. ¿Quién pagará? Nosotros, los asegurados. ¿En qué porcentaje corresponden los ¢622 millones con respecto a la cantidad pagada por todos nosotros? Aunque resulte pequeña, recuerden que compiten con otras compañías y, desgraciadamente, estos hechos hacen presumir que el INS tiene costos mayores. Por tanto, las pólizas son más caras.
Yo tuve que contratar el seguro de automóviles a otra empresa, pues el NS me cobraba casi el doble, con la mismas coberturas o muy similares. Lamentablemente, el INS declara casi todos los datos “secreto de Estado” y los ciudadanos, que somos parte de la empresa, no nos enteramos de nada. La jerarca del INS pidió declarar confidencial la trama para no generar “bulla”, pero ya la ocasionó.
Jorge Sala Rosés, Mata Redonda
Títulos de secundaria
Sobre el proyecto que pretende hacer “bachilleres por ley”, conviene que los legisladores consideren que los conceptos y la esencia de las cosas nunca podrán ser modificados por disposiciones legales. El bachillerato significa una serie de requisitos que deben cumplirse, y quien logra graduarse cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas por el sistema. Toda acreditación por mandato de ley no cambiará el concepto bachillerato ni hará bachilleres.
Tampoco debe omitirse que emitir gratuitamente grados académicos lesiona los logros legítimos de quienes superaron las pruebas gracias al esfuerzo y la dedicación inculcados por los propios contenidos educativos. La superación de los rezagos debe surgir de las instancias responsables de la educación mediante programas que solucionen el problema sin buscar remedios que a la larga resultarán peores que la enfermedad.
Jorge Herrera Fernández, Alajuela
Fugas de agua
Como primera medida, al asumir la presidencia ejecutiva de Acueductos y Alcantarillas, se debe eliminar el presupuesto destinado a la publicidad en la que se llama a la ciudadanía a ahorrar agua, y utilizar esos recursos en la debida atención de los reportes de fugas, a los que se hace caso omiso y cuyo desperdicio a borbollones pagamos caro los costarricenses.
Melvin Cavero Araya, Tibás
Atención insatisfactoria
Llamé a Servicio al Cliente de Scotiabank, me atendió una persona que cuando debía confirmar mis datos me dejaba en espera. Después, me dijo que no pasó un filtro de seguridad. Como llevaba bastante tiempo en la línea esperando ser atendido, pedí hablar con un supervisor de apellido Rodríguez, quien no resolvió nada y me recomendó utilizar las plataformas electrónicas o ir a la oficina. ¿Cómo es posible que para una transacción ni siquiera puedan informarme en cuál departamento debo externar mi disconformidad?
David Netzer Hernández, Sabanilla
Inseguridad
Concuerdo con Vera Varela (Cartas, 30/12/2022). La seguridad debe ser una prioridad gubernamental y, como tal, ser abordada por los tres poderes del Estado. Los costarricenses no merecemos vivir a merced del hampa, la delincuencia organizada, las mafias nacionales e internacionales y la corrupción que atentan contra el desarrollo, la economía, la imagen del país, el turismo y la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos honestos.
Si el gobierno desea impulsar el desarrollo y la economía, debe empezar por fortalecer la seguridad nacional y ciudadana. El país no debe continuar sin escáneres en las aduanas ni sostener la vergonzosa y alarmante impunidad que desemboca en elevados niveles delictivos y de violencia y en reos sueltos debido a un régimen permisivo y a un sistema judicial ineficiente y desbordado. Los operativos policiales para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado deben llevarse a cabo en diferentes sitios durante todo el año y no solo cuando ocurren lamentables tragedias.
Fernando Feoli Araya, Moravia
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