Estos últimos años en Costa Rica parece que hay una maratón interinstitucional de retrocesos. Retrocedimos en educación, pues es un barco en una tempestad a la deriva; retrocedimos en infraestructura, pues abundan las reparaciones de vías públicas y puentes al parecer basados en la ocurrencia, sin la calidad que merecemos y a la que estamos acostumbrados; perdimos la seguridad de salir y estar en nuestras casas tranquilos. Y no, no es de recibo que nos vengan a decir “tenga paaaaaz”, porque no la hay. Para tener paz, nuestro gobierno nos la debe garantizar. Nos atropellan el derecho al agua, a la atención oportuna de la salud y a la libertad de expresión de muchos de nuestros profesionales en periodismo. Todo esto, propio de sociedades enfermas, nunca antes visto aquí.
La triste y desgarradora verdad que nos viene a explotar ahora en la cara, con estadística no inventada, sino basada en la evidencia (que es lo mismo que decir que es una estadística real y comprobable), es una triste verdad que ataca a nuestros niños y niñas, lo más sagrado dentro de cualquier sociedad: la mortalidad infantil escaló hasta 10,3 decesos por cada 1.000 nacidos vivos. Esto no solo es una vergüenza, sino que muestra un desinterés absoluto por el bienestar de las y los costarricenses ante el deterioro creciente de nuestra salud pública. Porque este, más allá de ser indicador de salud, es un reflejo de la ineficiencia de las políticas públicas.
En vez de estar peleando con la oposición y la prensa “canalla”, que, de una vez por todas, controlen el delirio de persecución y saquen el rato para resolver lo esencial, lo prioritario.
¡Dios tenga piedad de nuestro pueblo, en especial de nuestros niños y niñas; Dios nos encamine a un futuro mejor!
Karla Hidalgo Díaz, médica epidemióloga y especialista en Administración de Servicios de Salud
Docentes y autoridad
Desde hace más de una década, por decisiones y acuerdos erróneos tomados en conjunto por el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de Educación en materia de evaluación educativa en lo referente a la calificación de la disciplina estudiantil, nuestros docentes de escuelas y colegios públicos han perdido su autoridad y el respeto de parte de los mismos estudiantes y de padres y madres de familia. Esto, gracias a la vigencia de una normativa floja, alcahueta y permisiva contemplada en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, lo cual estimula situaciones alarmantes y deplorables como la que ocurrió en el Liceo de Aserrí, donde una madre de familia agrede físicamente y de palabra a un profesor y lanza amenazas a otros funcionarios de la institución. Es urgente aplicar reformas al actual Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y establecer normas más estrictas y formativas. No basta con tener esos trillados “protocolos” que al final no ayudan a evitar y resolver graves problemas como este.
Es necesario devolver a los docentes la autoridad y el respeto que han perdido en estos últimos tiempos. De lo contrario, se entronizarán más actos de irrespeto y violencia contra los educadores de centros educativos públicos.
Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San Vicente de Moravia
Grata sorpresa
Visité recientemente la Escuela de Bajo la Legua, en Puriscal, para hacer una donación de libros, y me llevé una grata sorpresa: limpieza absoluta, puntualidad en el inicio de la clase y el gusto de ver a la maestra recibir a cada alumno por su nombre, pues les da personalmente la bienvenida a sus 14 estudiantes.
Al final, pude conversar con dos exalumnos graduados de esa escuela. Uno estudia en el Tec, en Cartago, y otra en la Universidad de Costa Rica. Sin duda, maestros, padres de familia y alumnos hacen milagros con orden y constancia.
Gran mérito el de las numerosas escuelas unidocentes que hay en el país, muchas ubicadas junto al mar o en pendientes de montañas.
José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas
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