La encuesta de hogares o, por hacer un símil, el laboratorio de medición, ubica los niveles de pobreza y su distribución en el ámbito nacional, pero ya en el terreno, a la hora de la ejecución, las instituciones no conocen, más que parcialmente por la aproximación física a sus oficinas, quiénes son las personas que deben atender. Se supone que esta laguna la llena el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) del IMAS, que orienta e integra el quehacer institucional. Pero esto no funciona así.
Varias son las razones y muchas tienen que ver con este desaguisado. Por un parte el manejo presupuestario atrabiliario, la organización feudal del aparato público y el recelo interinstitucional que desalientan la colaboración, pero hay un problema en la concepción misma del SIPO que lo convierte más en un registro de pobreza certificada por la Ficha de Información Social (FIS) que en un instrumento de gestión y dirección de la política social. De tal forma que en la práctica cada funcionario actúa según su criterio o de acuerdo con la normativa vigente en su institución, lo que equivale, comparándolo con un cirujano, a operar con los ojos vendados, guiándose por el tacto, que a menudo resulta engañoso en cuanto a la calidad y profundidad del problema. Un ingeniero agrónomo lo definía de mejor manera diciendo que aplicar los servicios sociales en esas condiciones era "como sembrar de noche: alguna semilla cae en tierra fértil, pero otra, la mayoría, en la calle o en las piedras".
Necesidades reales. Pero ¿es importante saber quiénes son los pobres, ya que uno puede ser hoy pobre y mañana estar bien? Sí lo es ya que, si bien existe una cierta porosidad entre pobres y no pobres, hay un destacamento importante integrado por adultos mayores y discapacitados que ya no están en condiciones de valerse por sí, así como jefas de hogar que no transitoriamente tienen esas condiciones que requieren de transferencias públicas para poder sobrevivir. Esta población de fácil ubicación, donde se encuentra el grueso de la pobreza extrema, podría solventar su situación en corto plazo con recursos existentes acogiéndose a la legislación vigente, si el quehacer institucional se gerenciara bien, como realmente debe ser, orientándose hacia las necesidades reales existentes.
No obstante, el SIPO no es el instrumento más adecuado para esta tarea. Ocupado como se encuentra el IMAS por la normativa vigente, más de su función notarial de calificación y registro de ayuda que la de gestión y gerencia del proceso de reducción de la pobreza, no tiene condiciones para esta tarea. Por otra parte, no hace falta que se monte un esfuerzo de ese tipo en el IMAS si ya existe en la CCSS un excelente instrumento como la ficha médica aplicada por los Ebais en casi todas las casas del país. Esta ficha, reforzada por diez preguntas tomadas del FIS que la complementarían, podría dar precisamente un panorama sobre la situación de la pobreza y su evolución año con año en el país, lo que además de orientar la gerencia facilitaría la evaluación de impacto de los programas sociales.
Solución posible. ¿Porque esto no se hace? Es una buena pregunta. Las respuestas se quedarían posiblemente en el ámbito de lo reglamentario y los problemas de la coordinación interinstitucional. Pero esto es posible de resolver y fácilmente si existe decisión política en los niveles superiores de la Administración Pú- blica.
Pienso que resolver este dilema será una prueba importante para medir la capacidad de resolver la gestión pública de la nueva administración que, como todas las anteriores, ingresa al gobierno con la bandera en alto de la reducción de la pobreza. Y esto es posible de hacerlo siempre y cuando empiece por ubicar el problema y desarrollar programas regionales focalizados hacia quienes requieren asistencia. Los otros programa para formar capacidades que permitan a los ciudadanos valerse por sí, requerirán algunos recursos frescos porque deben ser universales. Pero la pobreza extrema puede reducirse en dos años a menos de la mitad. Lo he dicho ya varias veces desde esta página y nadie, ni siquiera los llamados expertos nacionales e internacionales, me ha contradicho. ¿Por qué será? Supongo que no será por temor a perder su modus vivendi.