Colapso de agua potable

En el año 2001 se produjo el mayor episodio de contaminación en la historia de Costa Rica. Se permitió al Minae, pese a la prohibición emitida por AyA , que continuase con la explotación hacia debajo de un tajo encima de las fuentes de Puente de Mulas. Estas abastecen el sur de San José y Escazú, y el Virilla , que es una cloaca abierta, pudo en una creciente alcanzar el piso así bajado y abierto, y enfermar a 300.000 personas, de las cuales 50.000 tuvieron que recibir asistencia médica. Al mismo tiempo, tal como consta en el informe de la comisión especial de destacados especialistas, se produjo una contaminación por hidrocarburos de las aguas superficiales de las que se abastecen 60.000 personas mediante el acueducto de Guadalupe. La Comisión encontró también chancheras y otras fuentes contami- nantes en las márgenes de dichas aguas, lo que obliga al AyA a clorar doblemente las aguas en la planta de tratamiento. Importantes especialistas sospechan que la hipercloración es o puede ser cancerígena. Sin embargo, cinco años después, todo permanece igual o ha empeorado.

Según lo han señalado los mas destacados especialistas, y lo viene repitiendo desde hace años el informe Estado de la nación , los acuíferos del Valle Central se han contaminado y se encuentran gravemente amenazados por los nitratos provenientes principalmente de la urbanización con tanques sépticos, y, en menor medida, del exceso de abonamiento en la agricultura, principalmente la intensiva. Según lo dijo la Dra. Reynolds, del Laboratorio de la UNA, el 20% de los pozos en la zona de Heredia y Santo Domingo se encuentran en el límite de los nitratos, el cual, en los picos altos, se excede, por lo que en esos momentos la población ingiere agua que no es apta para la salud. Por eso, empresas y municipalidades ya han prescindido o se encuentran ante la disyuntiva de prescindir del contaminado acuífero Barba y recurrir, a un mayor costo, al más profundo de Colima.

Por otra parte, continúa impunemente la contaminación por agroquímicos, de difícil y cara detección, y de efectos muy peligrosos en la salud humana, consecuencia de la falta de observación de las zonas legales de retiro, cercanas a las fuentes captadas. Por otra parte, los vertidos industriales, sin tratar los cauces, que se comunican con las aguas subterráneas, son ciertamente otra peligrosa amenaza. De esto son ejemplos los cultivos de alta peligrosidad, según la clasificación del Ministerio de Salud, dentro de las zonas prohibidas circundantes a las fuentes de la Chayotera, que abastecen a la mitad de la ciudad de Alajuela, así como las fuentes de Los Pinitos que abastecen a San Pedro de Poás, a pesar de las repetidas protestas y órdenes judiciales en contra.

Ante ello, y aunque resulte increíble, una comisión legislativa elabora un proyecto de ley que centraliza todo el control jurídico en el Minae, de oscura trayectoria en la materia; abre todos los portillos para que la contaminación continúe “legalmente” y suprime el Senara, órgano técnico de las aguas subterráneas. Luego, le permite al Minae autorizar la urbanización con tanques sépticos, cuando lo que cabe es prohibirla totalmente, y determinar dónde y cómo se construye, pese a que en todo el Valle Central, que tiene acuíferos debajo, se deben tomar previsiones para construir sin contaminar. De esta manera, los humanos quedamos degradados, como un recurso más del “ambiente”, cuando es al revés: el derecho a la vida y a la salud son supremos, y el ambiente sano que el artículo 50 de la Constitución dispone está en función de aquellos derechos superiores.

Se debe retornar a la cordura y al sentido común, y legislar en torno a la salud humana como eje central, estableciendo para su efectividad figuras penales severas de mero peligro contra causantes por acción y contra las autoridades por omisión de acción. La salud del pueblo constituye un deber esencial del Estado.