EscucharAparte de sufrir abuso sexual, una paramédica de Bomberos de Costa Rica fue víctima de las deficiencias del sistema interno de la institución contra el hostigamiento y de la violación del artículo 12 del Código de Trabajo, que garantiza no sufrir represalias de ningún tipo por acudir en defensa de sus derechos. También se le negó su derecho al trabajo, y la entidad expuso su caso en la red social Facebook de manera informal, exponiéndola a los discursos de odio en estas plataformas.
El antecedente judicial debe motivar a Bomberos de Costa Rica a transparentar el proceso y dar a conocer su estado del resto de los casos, qué medidas se han tomado para la protección de las víctimas y contra los agresores y sus cómplices.
La transparencia evitará el martirio a quienes deben elegir entre el trabajo y la penitencia autoimpuesta del silencio en aras de mantener el sustento económico para sus familias.
Lo vivido por esta paramédica quizá sea reflejo de lo que experimentan otras personas.
“Después de conocerse este caso, más víctimas quisieron contar lo que les ocurrió“, declaró la expresidenta del INS Mónica Araya en la nota publicada por La Nación, bajo el título “Paramédica víctima de abuso en Bomberos narra calvario tras denunciar”. Hasta ahora, sin embargo, solo la denuncia de la paramédica ha llegado a los tribunales.
Abuso sexual y otras formas de violencia
Lo sucedido en Bomberos de Costa Rica se constituye en el ejemplo por antonomasia de cómo opera la violencia contra las personas en desventaja ante quienes poseen el poder de perpetrar injusticias.
La paramédica de Bomberos de Costa Rica fue objeto de burla: los hechos ocurrieron frente a otros compañeros, quienes celebraron el delito.
Fue revictimizada: tuvo que relatar lo ocurrido frente a un sindicato y un pseudocomité de transparencia, y la hicieron subir varias veces a la mesa para mostrar cómo la manosearon.
Fue relegada para proteger a Bomberos de Costa Rica: Héctor Chaves, director de la institución, le pidió en varias ocasiones no denunciar “para no dañar la imagen” de la entidad.
Fue castigada: la paramédica tuvo que seguir trabajando junto a su agresor, mientras recibía advertencias para no presentar la denuncia penal. Su agresor fue suspendido cinco días por el abuso sexual, mientras que a ella la privaron del trabajo durante ocho meses, tras ser “acusada de consumir drogas y clonazepam”, un ardid para presionarla a no denunciar.
Su derecho al trabajo fue vulnerado: pasó de trabajar el mes completo a solo tres días. Comenzó a laborar como maquinista en Tibás, y luego de comunicarse con la encargada de Recursos Humanos para recuperar su interinidad, le respondieron que no cumplía con los requisitos de bachillerato, licencia B1, ni pruebas físicas, a pesar de que ella afirmó tener la licencia B3 y estaba por terminar su segunda carrera universitaria. Finalmente, en febrero del 2021, sus compañeros le informaron de que ya no laboraba allí.
Fue humillada: de acuerdo con su testimonio, sus compañeros la rechazaban en el comedor en apoyo al abusador.
Fue intimidada: recibía llamadas de números desconocidos advirtiéndole que no debía denunciar los hechos penalmente.
Fue manipulada para evitar la denuncia en el juzgado: en la institución le dijeron que no se pueden llevar a cabo simultáneamente un proceso administrativo y uno judicial, lo cual es falso.
Frente a este tipo de delitos, los contrapesos más importantes son los servidores públicos, temerosos también posiblemente de represalias, pero que cuando actúan de manera colectiva logran reivindicar a la gente como esta paramédica y contribuyen a combatir la impunidad, para este caso, dentro del Cuerpo de Bomberos.
Medidas contra el abuso sexual
A quienes sufren abuso sexual y otras formas de violencia, se les brinda información intencionadamente manipuada con el fin de acallarlas, proteger al agresor o ahorrar escándalos institucionales.
Marco Durante, abogado laboralista, recomienda lo siguiente:
La víctima debe acudir al patrono y solicitarle proceder con la investigación e imponer la sanción.
El abuso sexual es un delito, por tanto, presente simultáneamente la denuncia penal. Un procedimiento interno no excluye el derecho a buscar justicia por la vía legal.
Si la víctima no está de acuerdo con el procedimiento interno porque sospecha de la existencia de una “red de cuido”, puede rescindir el contrato laboral e ir directamente al juzgado de trabajo. El juez le concederá las indemnizaciones de preaviso y cesantía más los daños y perjuicios.
No es necesario esperar ninguna gestión ante el patrono para abrir una causa penal contra el agresor; basta con la denuncia.
Ante el tribunal, la víctima si perdió el trabajo producto de la denuncia, solicita la reinstalación, basada en un despido discriminatorio.
En cualquier proceso judicial existe la posibilidad de cobrar daño moral.
Cuando el denunciado es la máxima autoridad, el caso debe tramitarse ante el Ministerio de Trabajo, no en la institución o la empresa.
El fallo de los jueces no deshace el daño ni borra las cicatrices psicológicas del abuso sexual, pero sirve como contención para potenciales depredadores.
Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.
