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Costa Rica consiguió electrificar el 99,4 % de su territorio gracias a la visión de quienes fundaron el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de las empresas privadas, municipales y cooperativas; sin embargo, en la actualidad, las futuras inversiones basadas en la capacidad instalada deben ser analizadas cuidadosamente.
El país debe enfocarse en suplir la futura demanda en forma transparente y competitiva. Que sea el más eficiente y no un monopolio el que la satisfaga. En el 2020, por ejemplo, a causa de la pandemia, no fue necesario encender la planta de Garabito ni importar energía. El consumo futuro, por tanto, está sujeto a la reactivación económica y a las nuevas tecnologías.
En el 2016, mediante un decreto, se autorizó la instalación de paneles solares, y ya hay 200.000 en funcionamiento, aproximadamente, que generan electricidad. Casas, oficinas, fábricas, hospitales y decenas de actividades utilizan energía fotovoltaica.
Los paneles bajaron de precio dramáticamente en los últimos 15 años y cada día resulta más económico el almacenamiento en baterías. Es impresionante que en solo cuatro años con innovación y tecnología se duplicara la capacidad de generación de un panel solar.
La energía fotovoltaica es la triunfadora, en especial en países como el nuestro, donde la radiación solar es elevada. Lo curioso es que el mayor opositor al aumento de la producción sea el ICE.
La institución limita las microrredes basadas en inteligencia artificial y el crecimiento de las generadoras, porque los funcionarios ven en este sector a un competidor.
La energía eólica es la segunda fuente de energía renovable en el país, por lo que bien haríamos en concentrar esfuerzos en desarrollar un mercado abierto y competitivo, donde el más eficiente supla la demanda.
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Malas decisiones. Pero Costa Rica va en la dirección contraria. Es preocupante que el gobierno liberara al ICE del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera (NIIF) para los contratos de arrendamiento antiguos y estas sean aplicables únicamente a los futuros acuerdos.
Está claro que los estados financieros seguirán siendo opacos y las tarifas eléctricas se mantendrán caras para darle solvencia financiera al ICE. Queda claro también que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) está pintada en la pared y no tiene poder ni voluntad para exigir competitividad.
La decisión del Poder Ejecutivo permitirá al ICE registrar los contratos viejos como un gasto operativo y cobrará, cuando menos, ¢60.000 millones adicionales en tarifas a sus clientes.
Es un disparate que el ICE genere a un costo 250 % más alto que muchas empresas privadas, razón de más para que la estructura del Centro Nacional de Control de Energía (Cence) sea cambiada.
No es posible que una institución prestigiosa y con 72 años de fundación invierta $880 millones en la planta Reventazón, que al final terminó costando $1.200 millones y opera a menos del 60 % de su capacidad. El ICE no hizo una buena evaluación financiera para justificar un gasto tan grande.
Sin un buen estudio, también despilfarró $140 millones en el fallido proyecto hidroeléctrico el Diquís y la planta Balsa Inferior, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), al final tuvo un aumento en los costos de $180 millones, debido a modificaciones y a una huelga.
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Reformas. Todas estas fallas de planificación y ejecución colocan al Grupo ICE en una situación financiera muy compleja de flujo de caja, al no haber sido cuidadoso en la selección de las obras necesarias para el país.
Urge instaurar una rectoría política para la energía, que contribuya a la competencia y la productividad, elementos claves para un país más competitivo.
Hay que dejar al ICE en la transmisión y distribución, pero, si quiere generar energía con nuevos proyectos, que lo haga en competencia abierta y transparente.
Costa Rica está necesitada de adelgazar la estructura administrativa del ICE. Es ilógico poner la institución a construir obra pública. Todo monopolio y oligopolio fomenta la ineficiencia. La competencia, con buenos controles de calidad, da mejores resultados.
La ley de la Aresep debe ser reformada para que tenga más independencia política, pero que supervise la competitividad de las instituciones y no trabaje para cuidar las finanzas de las empresas reguladas, en detrimento del bienestar ciudadano.
El ICE tampoco debe ser juez y parte en la fijación de precios, por su poder político y riesgo financiero.
No es la solución al problema del Grupo ICE reestructurar solo sus deudas a largo plazo, el riesgo cambiario y una deuda total de ¢3,9 billones, a setiembre del 2020, lo obligan a modificar su estructura totalmente, a la venta de activos que dejan pérdidas, a reducir su gigantesca estructura administrativa, a consolidar operaciones y cerrar filiales ineficientes.
Acabar con el secretismo del ICE y mostrar números claros es tarea impostergable. El ICE es una institución que ha desempeñado un papel fundamental en nuestro desarrollo, pero a partir de ahora el liderazgo debe mantenerlo con productividad, no con proteccionismo.
El autor es ingeniero.
