Blindaje del Poder Judicial

La iniciativa consta de tres importantes ejes: el primero, darles a los funcionarios las herramientas que les garanticen el debido proceso y, como lo dice el proyecto, “un amplio y moderno elenco de derechos en el proceso disciplinario” para garantizar su debida defensa y evitar que se cometan injusticias.

El segundo es el corazón del proyecto y se refiere a los mecanismos de lucha contra la corrupción. Acá, resulta estratégico que dicha lucha se libre de la forma más expedita y precisa, para evitar a toda costa la contaminación del dictado de la justicia. Para ello, se establecen definiciones claras, plazos y prueba expedita y eficaz, única fórmula para evitar al crimen organizado.

Se habilitan herramientas de importancia para los órganos investigadores, el acceso expedito a intervenciones telefónicas y a información sustancial y sensible, para lo cual la jurisdicción contenciosa administrativa deberá dar el aval previamente, como garantía para los investigados.

Igualmente, se permitirá el análisis de las declaraciones que todo funcionario público debe presentar a la Contraloría General de la República sobre su estado patrimonial. Esto, para verificar si ha habido cambios sospechosos, o bien esa persona faltó a la verdad al omitir declarar información.

En el último eje es la creación de una organización fiscalizadora de la justicia más eficiente y rápida, mediante la reestructuración orgánica y competencial de los órganos disciplinarios. Esto permitirá un mejor uso de los recursos disponibles y la acción más rápida de la justicia.

Como costarricense, agradezco los esfuerzos de los poderes Judicial y Legislativo para promover acciones que nos blinden de manera efectiva contra ese flagelo que es el crimen organizado, y garanticen un sistema judicial probo y una fuerte línea de defensa de nuestra seguridad y democracia.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.