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Acontecimientos donde hubo aparentes transgresiones a la legislación ambiental, como en la reserva Gandoca-Manzanillo y Sámara, y contaminación de agua en diversas partes del país, ponen de relieve aspectos medulares del derecho ambiental y la sostenibilidad: la capacidad del Estado para la regulación preventiva e imposición de sanciones.
Debe considerarse que la regulación comprende, al menos, la promulgación de disposiciones jurídicas y políticas públicas por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los entes descentralizados.
La nueva normativa ambiental tiene una incidencia directa en la capacidad de controlar las actividades productivas y domésticas, y su impacto en el ambiente.
Velar adecuadamente por su observancia y cumplimiento mediante acciones preventivas, de control, fiscalización y sanción requiere mecanismos de acceso a la justicia y procedimientos eficaces para atender denuncias ambientales o actuar de oficio, de manera que las infracciones cesen, se reparen los daños ocasionados o se impongan indemnizaciones.
A través de la fiscalización indirecta se detectan debilidades regulatorias, como fallas en los procesos preventivos diseñados para controlar el cumplimiento de requisitos de operación otorgados.
Para analizar la capacidad de regulación es necesario ver sus causas. En términos generales, estas pueden deberse a problemas de diseño de las normas, autorizaciones y permisos, o al incumplimiento de estas.
Partiendo del supuesto de que el diseño es adecuado, es imprescindible atender la aplicación y el cumplimiento de la ley.
Aplicación de la ley
Entre otros aspectos, para aplicar la ley debe existir claridad en las competencias de las instituciones; recursos humanos, técnicos, financieros e informativos suficientes para las administraciones encargadas de hacer cumplir la normativa; y planes claros de aplicación y cumplimiento, reglamentaciones, manuales y lineamientos para orientar la ejecución, sensibilización y educación de los destinatarios de las disposiciones jurídicas.
Es importante analizar los siguientes puntos:
- Existencia de potestades claramente asignadas para la aplicación de la normativa.
- Autoridad legal suficiente, como el poder policial, para hacer cumplir los mandatos y disposiciones.
- Recursos humanos, financieros y tecnológicos apropiados.
- Competencias divididas según acciones específicas de cada institución, con mecanismos de coordinación, comunicación y retroalimentación eficaces.
- Planes de aplicación y cumplimiento de la ley, como inspecciones, visitas, solicitud de información, fiscalización y control.
- Mecanismos para informar al público sobre sus obligaciones y derechos, y los canales para denunciar violaciones de la normativa ambiental, además de las acciones para reparar el daño ambiental.
- Campañas de sensibilización e información dirigidas especialmente a los destinatarios principales de la normativa.
- Rendición de cuentas apropiada y accesible para los interesados.
Cumplimiento de la norma
Es necesario revisar si los mecanismos para obtener justicia son adecuados (administrativos o jurisdiccionales) y si permiten detener, restaurar o reparar el daño ambiental mediante procedimientos ágiles.
Cuestiones clave:
- ¿Están claramente estipuladas y son eficaces las potestades de las autoridades para detener daños ambientales, restaurar, reparar, indemnizar y sancionar?
- ¿Poseen las autoridades suficientes recursos humanos, financieros y tecnológicos para ejercer sus funciones?
- ¿Son eficaces los mecanismos de coordinación interinstitucional?
- ¿Están adecuadamente capacitados los funcionarios, y se llevan a cabo procesos continuos para mejorar la aplicación de la normativa?
- ¿Existen procedimientos expeditos para atender infracciones o intentos de transgredir la ley?
- ¿Se cuenta con instrumentos idóneos para recolectar, identificar, custodiar y analizar pruebas, además de manuales o protocolos para ello?
- ¿Se permite la resolución alternativa de conflictos y se monitorean sus resultados?
- ¿Se supervisa el cumplimiento de las resoluciones?
- ¿Se realizan análisis periódicos y públicos del funcionamiento de los mecanismos y se diseñan procesos para tomar medidas correctivas ante dificultades en el ámbito legislativo, regulatorio o administrativo?
Reflexión final
La legislación y la fiscalización son esenciales para enfrentar los retos ambientales. Sin embargo, la información revela una brecha entre el crecimiento de las normativas y las dificultades para lograr su efectividad, es decir, para que los efectos esperados se traduzcan en mejoras en el ambiente, la salud y el bienestar.
A pesar de avances en el trámite de denuncias y la coordinación interinstitucional, persisten obstáculos para consolidar un sistema nacional de control y cumplimiento ambiental de mayor alcance, así como para producir estadísticas ambientales comprensivas sobre el estado de la fiscalización a escala nacional.
jorgecmedaglia@hotmail.com
Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica. Ha escrito siete libros, entre ellos, “Bioderecho: propiedad intelectual, comercio y ambiente: posibilidades y opciones para establecer sinergias entre los sistemas de propiedad intelectual y los tratados ambientales”. Es columnista de La Nación desde el 2008.
