Cumplir como buen padre de familia es una expresión jurídica que caracteriza el cumplimiento diligente y con un máximo de protección a la persona o al bien encomendado. El término lo traigo a colación por los lamentables hechos del 17 de setiembre en Cambronero, donde perecieron nueve personas y cuyos “responsables” se escudan en una seguidilla de contradicciones, en donde lo único cierto es que no sabemos quién dice la verdad.
Tres de los funcionarios a cargo, el ministro, el director del Conavi y, más recientemente, el responsable de la Comisión de Infraestructura han pasado desde “yo no di la orden de apertura”, “yo solicité liberar peajes de la ruta 27″ hasta la última y más insólita “la ruta nunca estuvo cerrada”.
Tampoco el argumento de la imprevisibilidad es de recibo. Las Municipalidades de Esparza y San Ramón, así como el Lanamme, habían advertido el riesgo y solicitado la urgente intervención. También resulta pobre la excusa de que no se vio una nota debido a las más de 200 que se reciben al día, pese a no tratarse de una misiva cualquiera, por los riesgos que advertía. Corresponderá a las autoridades señalar quién dice la verdad, esperemos que muertes previsibles dolorosamente no queden en la impunidad, como en el pasado.
Soy consciente de que llevamos años de deterioro en infraestructura vial, que incluso desmotiva salir a viajes fuera de nuestra vecindad, y esto nos mantiene aislados porque ya no queremos transitar, lo que afecta la deseada reactivación económica con serios impactos en el turismo, y lo mínimo que se espera de las autoridades es que tomen medidas de precaución y protección para conductores y acompañantes.
Lo que más preocupa es la inacción de los responsables y que el MOPT tome el camino equivocado al bajar la calificación de 80 a 70 en los exámenes teóricos para equipararse con el MEP, ¿por qué no al revés? Además, la recién estrenada Ciudad Vial para exámenes prácticos presenta riesgos para los conductores sin experiencia y, para rematar, la flotilla vehicular carece de un sistema de revisión técnica por la impugnación del proceso, y se insiste en la ampliación del plazo de uso de los autobuses en el que por lo menos ya se ha pedido que se reduzca a 17 años.
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La autora es politóloga.