EscucharLos diputados de la Comisión de Gobierno y Administración dictaminaron un proyecto de ley que se las trae por partida doble.
Primero, autoriza la comercialización de los datos biométricos. ¡Hum! Y, segundo, ordena al Estado comprar el sistema informático a más tardar en 24 meses. ¡Hum! ¡Hum!
¿Quién mete a los diputados a imponer plazo para contratar la tecnología? ¿Por qué quieren que el negocio con un proveedor tecnológico se cierre tan pronto? Un repositorio de información biométrica cuesta de $4 millones a $15 millones, según Dennis Cascante Hernández, director de estrategia tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Pero él dijo a los diputados: «La buena noticia, o mala, dependiendo del cristal con que se mire, es que este repositorio de información biométrica ya existe». Es decir, no hay que comprarlo, está en el mismo TSE, que desde 1998 almacena huellas dactilares.
Los congresistas ignoraron esa «noticia» y en su Ley de repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas, que manejaría el TSE, le exigen «modernizar sus equipos tecnológicos y sistemas informáticos en un plazo máximo de 24 meses». ¡Hum!
Aparte de la millonada, lo preocupante es la comercialización de datos biométricos de todos los mayores de 12 años (sí, desde niños y adolescentes), tanto costarricenses como extranjeros.
El plan establece que los poderes de la República y ministerios tendrán entrada sin costo a esa base, mientras instituciones descentralizadas y «el sector privado en general» podrán acceder mediante el pago de tarifas que fijará el TSE.
Así, sin poner límite a qué datos se venderían, sin una ley específica para información biométrica y, lo que es más grave, sin autorización de la persona, los diputados avalan vender características físicas como son las 10 huellas dactilares, medidas del rostro, patrón de la retina, tono de voz, conformación de las palmas de la mano... No hay límites.
El plan se presta para pensar lo peor, no solo por abusivo y permisivo respecto al uso de datos confidenciales, sino también porque impone plazo, desvergonzadamente (sí o sí) a una compra tecnológica. ¡Hum!
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