EscucharLos magistrados han sido muy rigurosos para dictar resoluciones que limitan o anulan privilegios “irracionales” o “desproporcionados” en las convenciones colectivas, pero a la hora de decidir hacia dentro del Poder Judicial, se han quedado muy cortos.
Ni siquiera se atrevieron a tocar los 21 incentivos –igualmente irracionales y desproporcionados a los de las convenciones– que se pagan en la Corte y no tienen rango de ley porque fueron creados por la misma cúpula judicial.
¿Cómo es posible que 46 funcionarios de la llamada “clase gerencial” tengan un plus equivalente al 97,2 % del salario base? Es decir, otro salario y que, al crecer porcentualmente cada año, sube exponencialmente los sueldos.
¿Cómo creen que va a ser sostenible un incentivo del 11 al 22 % para todos los funcionarios con el fin de que no pierdan poder adquisitivo frente al costo de la vida? Irracional, cuando la inflación anual no pasa del 5 %.
¿Cómo justifican un plus de 10 % a 30 % solo por “ejercicio de la función judicial”? Es decir, solo por trabajar en el Poder Judicial. ¿Qué les hace tan diferentes por estar ahí?
Y así siguen los 21 pluses exclusivos del Poder Judicial, que cuestan ¢60.000 millones del pastel de ¢155.000 millones anuales dedicados a otros beneficios más normales como anualidades, zonajes, etc.
Los magistrados deben comprender que esos pluses son producto de decisiones políticas y no técnicas de jerarcas de turno, que también se beneficiaron salarialmente de sus propias decisiones. Al no tener sustento de ley, pueden ser reducidos o eliminados por la desproporción que hay con respecto a los beneficios que paga el Estado.
En momentos de crisis económica (y eso es lo que olvidan los magistrados y los sindicalistas) los costarricenses podríamos ahorrar esos ¢60.000 millones con una simple decisión dado que no hay ninguna ley que obligue a pagar tantísimas regalías.
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Si la rigurosidad ha servido para enterrar privilegios insostenibles creados por las convenciones colectivas, lo mismo debe proceder para estos beneficios. Es cuestión de que los magistrados no den largas al asunto y apliquen el concepto: “De la misma forma que juzgas, serás juzgado”. Así de sencillo.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.
