EscucharSolo un milagro hizo que la constructora brasileña Odebrecht no pusiera un pie en Costa Rica para repartir, a mano suelta, dádivas por más de $1.000 millones a cambio de contratos con el Estado, como lo hizo en 11 países. Al menos, hasta ahora, nos libramos.
Quizás, y repito, quizás, también nos libramos de OAS, que entró al país en el 2012 con la concesión de la vía San José-San Ramón y que, al romperle el contrato, fue indemnizada con $35 millones de todos los costarricenses. No había motivos para dudar de esa constructora hasta que, en el 2016, el juez brasileño Sergio Moro dio por comprobado que le regaló un apartamento de $1 millón al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a cambio de influir por contratos con Petrobras.
Pública o judicialmente, no se ha comprobado ningún caso donde una constructora haya pagado a políticos o funcionarios locales por favores.
Pese a que el caso OAS implicó allanamientos y el secuestro de 350 cajas de expedientes, la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia y Anticorrupción desestimó en el 2015 que hubiera delito.
El único escándalo en que se ha visto envuelta una constructora nacional más bien ocurrió en el exterior, en Panamá, donde Meco se vio obligada a firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Sexta de Anticorrupción, para evitar un juicio en un caso de pago de dádivas. La resolución de la Fiscalía dice que “la cifra de dinero a pagar pactada” llegó a $9,4 millones.
Todos estos elementos llevan a concluir que el negocio de la construcción es de cuidado y que Costa Rica carece de regulación para detectar y sancionar estas prácticas.
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Las circunstancias obligan a reformar leyes y reglamentos de contratación para incluir cláusulas anticorrupción con el fin de sancionar a las empresas con antecedentes tan penosos. Ni una sola, con un caso judicial, debe tener derecho a un contrato.
Quizás, y repito, quizás, nos hemos librado de la corrupción de las constructoras, pero dos elementos que causan duda es por qué aquí las obras salen más caras y llevan más tiempo que en otros países. Odebrecht, OAS y ahora el caso Meco son suficientes para que los diputados y el gobierno comiencen a cerrar portillos.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.
