EscucharTodos estamos en riesgo de ser Eugenia Cartín Barrios. Si una conversación nuestra se filtrara, por ejemplo, en las redes sociales, como le ocurrió a ella, un “vacío legal” nos dejaría en total desamparo para reclamar sanciones contra ese operador o proveedor de servicios ante la Superintendencia General de Telecomunicaciones (Sutel).
Aunque la traductora acudió a esa entidad para quejarse por la filtración de una conversación que tuvo con un operador de Tigo por el servicio de Internet, la respuesta fue que el Poder Ejecutivo no ha definido cuáles son las normas técnicas y administrativas que deben adoptar operadores y proveedores para proteger el secreto de las telecomunicaciones, el derecho a la intimidad o la protección de los datos personales.
Es decir, el artículo 42 de Ley General de Telecomunicaciones (n.° 8642), que protege la privacidad, no sirve para nada en este momento. Es letra muerta, según la Sutel, pese a que la ley fue promulgada hace casi 10 años.
Es inconcebible que, en una década, la Superintendencia no haya advertido al Poder Ejecutivo de que hacía falta un reglamento para proteger a los usuarios, pese a que la misma ley dice que la Sutel debe “vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones”.
Es más, una “misión”, dice la página de la Sutel, es “garantizar la protección de los derechos de los usuarios”, lo cual, sin duda, ha desatendido en este caso al ser la privacidad de las comunicaciones un derecho incuestionable.
Cuesta muy cara la supervisión de la Sutel para que se haya dormido durante tantos años y no haya advertido de algo tan sensible, como ese desamparo en que están todos los usuarios. ¿Para qué tienen tantos expertos?
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Ahora, el caso de doña Eugenia, que podría ser el de cualquier otro ciudadano, entra en dimes y diretes porque el viceministro de Telecomunicaciones Édwin Estrada asegura que tal reglamento existe desde el 2009. Pero, tal parece que el Reglamento sobre Medidas de Protección de la Privacidad de las Comunicaciones no llena el vacío que, hasta ahora, apunta la Sutel.
Este caso, este vacío, solo refleja algo trágico en el Estado: los derechos de los usuarios poco importan.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.
