EscucharEs preocupante que la carretera hacia Limón, vital para la competitividad, sufra más retrasos debido a una serie de fallas causadas por una incorrecta gestión durante la etapa de planificación.
La ampliación carece de planos bien diseñados, la presupuestación fue hecha sin previsiones, las contrataciones están mal estructuradas, no hay estudios previos de ingeniería, se dejó a un lado la evaluación de riesgos y los imprescindibles estudios técnicos.
La causa no es otra que la ineficiencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT ) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Las demoras, tristemente, se traducen en mayores costos. Costa Rica está atrapada en un círculo vicioso compuesto de obstáculos e imprevistos en casi todas las obras viales, con el agravante de que nadie es responsable, y eso contribuye a la improvisación y la impunidad.
La ampliación de la carretera hacia Limón debía estar terminada el 15 de marzo del 2024, pero el MOPT no prorrogará el contrato a la firma a cargo de la supervisión del contratista. Nueva “sorpresa” que significará más tiempo de espera, al cual debemos sumar 200 terrenos pendientes de expropiación y los problemas de financiamiento. Una más de las historias de terror de una obra que debía ser entregada hace tres años.
Alto costo burocrático
No es por insuficiencia de instituciones, por el contrario, Costa Rica posee una serie de entidades a cargo de la infraestructura, cuyo costo administrativo no es poca cosa, pero los resultados contrastan con el gasto que significan.
Tenemos una institución para el mantenimiento y supervisión de la calidad de las carreteras, pero nada mejora y, mientras tanto, de los 5.000 kilómetros de vías nacionales, solo el 35 % está en buen estado, y nadie se preocupa por resolver la situación.
Invertimos millones en construir y nunca se presupuesta el mantenimiento, sabiendo de antemano que la conservación cuesta tanto como la inversión.
Está claro que a los gobernantes les interesa la placa de inauguración y no la vida útil de las obras. Si no fuera así, 1.000 kilómetros no estarían en mal estado y no serían casi intransitables.
El Estado debe otorgar en concesión el mantenimiento a una empresa privada, con transparencia y observando las normas de competencia. Un buen ejemplo es la carretera de cemento construida desde Limonal hasta Liberia. Se invirtieron millones de dólares y en pocos años va a costar más repararla que la inversión inicial.
Tenemos el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), encargado de la capacitación de funcionarios, de diseño y construcción de carreteras y puentes, al igual que de la fiscalización de los contratistas; sin embargo, se le redujo el presupuesto en un 46 % de los ingresos previstos en la Ley 8114, para la rehabilitación de la red vial cantonal.
Ausencia de planificación
Es preocupante también la falta de planificación y diseño de nuestra infraestructura vial. Hemos constituido fideicomisos en bancos estatales para diseñar, supervisar y contratar carreteras, sin que logremos avanzar.
También, hemos recurrido a las Naciones Unidas para que, a través de la Unops, diseñe y contrate la construcción de vías, con prerrogativas, inmunidades e independencia para la realización de sus fines, que le da ventajas competitivas, pero seguimos igual.
La gestión del gobierno en infraestructura cada vez se vuelve más ineficiente y costosa. No hay flexibilidad, ni una verdadera gestión gerencial. Los trámites nos asfixian, falta planificación y no hay prioridades. Cada Gobierno utiliza criterios políticos y no técnicos. La mayoría de los gobiernos locales no tienen planes reguladores y no contar con buenos diseños origina corrupción.
Tampoco existe voluntad política para promover alianzas público-privadas (APP) con un marco regulatorio moderno y transparente, con el que cuentan muchos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Hay que organizar un portafolio atractivo de proyectos y establecer alianzas con Procomer. Las APP deben tener buenas bases técnicas, financieras, legales, comerciales y ambientales.
No cabe duda de que las APP son fundamentales para impulsar el desarrollo, ya que el Estado se vuelve cada vez más ineficiente y carente de recursos financieros y humanos.
Debemos crear incentivos nuevos y competitivos, fomentar la competencia transparente y medir riesgos. El programa de concesiones debe fortalecerse y dar las herramientas para que todas las instituciones trabajen en forma coordinada.
Ante la ineficacia del Estado y la escasez de recursos, debemos actuar para no seguir perdiendo competitividad.
El autor es ingeniero.
