Una máxima frecuentemente pronunciada por expertos estadounidenses en libertad de expresión sintetiza una verdad esclarecedora: ‘Bad cases make good law’
“Bad cases make good law” es una máxima frecuentemente pronunciada por los expertos estadounidenses en libertad de expresión para sintetizar una verdad esclarecedora: a la hora de proteger ese derecho humano fundamental, los peores casos producen la mejor ley. Es difícil saber hasta dónde llega el amparo a la libre expresión y el derecho de los ciudadanos a informarse de asuntos de interés público mientras los jueces no confronten las decisiones más extremas.
En Brandenburg v. Ohio, de 1969, la Corte Suprema de Justicia se vio ante la disyuntiva de preservar la condena impuesta a un neonazi por sus odiosas manifestaciones racistas o robustecer el derecho a expresar el pensamiento no importa cuán repulsivo. Los magistrados se pronunciaron por esto último. Solo puede haber castigo si el discurso procura incitar o producir una acción delictiva inminente y existe la probabilidad de que la incite o produzca, dice la sentencia.
En New York Times Co. v. United States (1971), los valores en conflicto eran la libertad de expresión y nada menos que la seguridad nacional. El gobierno intentaba evitar que el periódico neoyorquino y The Washington Post siguieran publicando los papeles del Pentágono, un informe filtrado de forma ilícita a los medios con materiales vergonzosos sobre la guerra de Vietnam y aptos para afectar la política exterior, como en efecto ocurrió.
Los magistrados denegaron la solicitud de ejercer censura previa y dijeron que es deber de los periodistas revelar los asuntos de interés público llegados a su conocimiento. Al gobierno le recomendaron encontrar al informante, para castigarlo, pero dejar quietos a los informadores y sus medios.
En Bartnicki v. Vopper (2001) la cuestión extrema versaba sobre el derecho de una estación de radio a publicar una conversación telefónica interceptada y grabada ilegalmente por un desconocido que la envió a la emisora. La conversación entre el presidente de un sindicato de maestros y la negociadora del gremio trataba sobre exigencias planteadas a la junta escolar de la localidad.
Según la sentencia, las leyes contra las intervenciones telefónicas son inconstitucionales si inhiben la difusión de informaciones valiosas para el debate público por parte de un tercero, no involucrado en la ejecución del ilícito. Vopper no interceptó la llamada y tampoco la grabó. Como periodista, tenía el derecho, y el deber, de difundirla en virtud del interés público de la información.
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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