Vale rescatar una notoria frase del pasado reciente para señalar que nunca hubo peor momento para “jugar a las chapitas” en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El fenómeno de El Niño ya se instaló en el país y los efectos duraderos del cambio climático hacen temer por el abastecimiento de agua. Se nos hizo tarde para prevenir y solo queda reaccionar frente a las urgencias del presente.
El gobierno anunció, con inusitado despliegue, el resultado de sus análisis sobre los excesos y derroches de la estructura organizacional creada en el 2010 y denunció a los responsables por el perjuicio causado a las finanzas de la institución. Aunque el análisis apoye esas conclusiones, la denuncia penal probablemente no pase del gesto efectista, dados los años transcurridos y las reglas sobre la prescripción.
Mientras la administración hace arqueología de la corrupción, o del despilfarro, dos directivas renuncian en protesta por la adjudicación de un contrato valorado en ¢2.000 millones, sin cláusulas de castigo en caso de incumplimiento. Beverly Hernández Castro expresó el deseo de que su renuncia se lea como “una alerta y una enorme preocupación ligada a la toma de decisiones estratégicas riesgosas para la Hacienda pública”. Es decir, no hace falta viajar en el tiempo para encontrar espantos.
El análisis del pasado, no obstante, ayuda a corregir el rumbo. Cabría esperar una nueva reestructuración del AyA para enmendar yerros y enfrentar las tareas urgentes. No obstante, poco después de la renuncia de las dos directoras se anunció la dimisión de la gerenta general, María Gabriela Vallejo, encargada, precisamente, del proceso de reestructuración.
El riesgo financiero del AyA, dice Hernández Castro, podría afectar el suministro de agua potable y el saneamiento de aguas residuales. La exdirectiva advierte sobre una crisis por la incapacidad de la institución para ofrecer datos precisos sobre su contabilidad tarifaria. Esa dificultad impide satisfacer las exigencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para ajustar tarifas y dotar al Instituto de los fondos necesarios para mantener el servicio. Eso, precisamente, dice la Aresep para justificar, más bien, una rebaja.
El AyA es heredero de un cúmulo de errores cometidos a lo largo de los años. La mala gestión merece crítica, con intenciones de enmienda y cuidado de no esconder las falencias del presente mientras nos entretenemos con el juego de chapitas.
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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