Empezaré diciendo que un ajuste fiscal a medias es tan negativo como no hacer ningún ajuste. Si bien las medidas de contención del gasto anunciadas por el Poder Ejecutivo merecen el apoyo de la ciudadanía, lo cierto es que políticos y expertos nacionales e internacionales coinciden en que tanto las decisiones relacionadas con el gasto como la propuesta de impuestos son insuficientes para resolver el déficit fiscal, y esto significa, por una simple aplicación de sentido común, que la reforma debe incluir varias fases de realización y decisiones y acciones que aún no se han tomado.
Pero existe algo más decisivo: la necesidad de que el ajuste sea integral, es decir, que sus contenidos contables (ingresos y gastos) se correlacionen con las dimensiones macroeconómicas y sociales del sistema tributario, en especial con las variables de generación de empleo, productividad y competitividad sistémicas y redistribución de la riqueza.
Sería oportuno que la ciudadanía, el Poder Ejecutivo y las fracciones parlamentarias, todas o algunas de ellas, conscientes de que las medidas anunciadas no resuelven el déficit, no evitan que la deuda crezca arriba del 50 % del PIB y no son integrales, agreguen otras decisiones de mayor calado estructural e inscriban sus propuestas en una visión de desarrollo que subraye la necesidad de dinamizar la economía, elevar los ingresos económicos de las familias, generar empleos de calidad y reducir las brechas de equidad.
No se trata de lograr unanimidad, sino de concretar consensos estratégicos y ejecutar las decisiones correspondientes.
Ciudadanía prisionera. En todo este tinglado, es de lamentar la ausencia de una movilización ciudadana que interactúe con los actores políticos e institucionales sobre la base de propuestas constructivas, integrales y autónomas. Los movimientos sociales del país no constituyen alternativas viables a las decisiones en curso, se comportan como grupos de presión, feudos de poder sectorial y de intereses creados enquistados en las instituciones a las que tratan como si fuesen su propiedad privada.
A este respecto, la debilidad histórica del sindicalismo nacional alcanza tal magnitud que su narrativa comunicacional, lejos de acrecentar su influencia social, profundiza el aislamiento respecto al conjunto de la sociedad. Conviene que el sindicalismo presente propuestas nuevas que enriquezcan los debates parlamentarios y sociales, y a mediano y largo plazo se requiere una reingeniería intelectual, organizativa y de liderazgos que mejore su representatividad social, innove el lenguaje, eleve su autonomía respecto a los actores políticos y propicie un proceso sistemático de reinvención sindical.
Reformismo liberal capitalista. En Costa Rica, la hegemonía política dominante ha sido reformista, liberal y capitalista; reformista porque no plantea rupturas radicales ni violentas del orden social establecido, sino cambios progresivos y parciales; liberal porque se apoya en los méritos de las tradiciones del liberalismo político, social y económico; y capitalista porque nunca ha sugerido la posibilidad de un sistema social distinto a este.
En los últimos cuarenta y dos años, este reformismo ha conocido muchos rostros que se complementan, todos derivados de la coyuntura histórica situada entre los años 1976 y 1990. En la primera fase de ese período (1976-1982) Rodrigo Carazo Odio lideraba una opción democrática, nacionalista y social-estatista a través de una mezcla de socialdemocracia y socialcristianismo; José Joaquín Trejos, Alberto di Mare Fuscaldo y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría representaban la opción liberal, que en los años noventa fue calificada, sin serlo, de neoliberal, y que al fusionarse con el socialcristianismo logró victorias políticas y electorales en los años 1990, 1998 y el 2002.
José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós eran exponentes del Estado empresario prohijado en la socialdemocracia de los años cincuenta, sesenta y setenta; Manuel Mora Valverde, Arnoldo Ferreto Segura y Humberto Vargas Carbonell expresaban el proyecto del marxismo-leninismo de Estado propietario de medios de producción, economía intervenida y régimen político centralizado; y Óscar Arias Sánchez planteaba una socialdemocracia no estatista, enraizada en la filosofía de la historia de Karl Popper, distinta al socialestatismo de Figueres, Oduber y Carazo, y diferente del Estado totalitario del marxismo clásico y del Estado libertario de economía desregulada.
Esas perspectivas resolvieron sus diferencias en los procesos electorales de los años ochenta, con ventaja para la socialdemocracia no estatista. En enero de 1990 tal era la situación política estratégica en Costa Rica, y a partir de ella se fraguó la historia política y electoral hasta nuestros días. Los expresidentes de la República, y el actual, así como los movimientos partidarios a que pertenecen, forman parte de la misma hegemonía política. En ella resuelven sus diferencias y se complementan.
Izquierda política. En el marco de la hegemonía referida, la izquierda política ha perdido la memoria de sí misma; acomodada a las circunstancias, no tiene capacidad para interiorizar las lecciones que le dejó el siglo XX: primera, lo que se ha llamado socialismo es un capitalismo dictatorial; segunda, no hay futuro que no incorpore los méritos de las tradiciones liberales y de la democracia representativa; tercera, es imprescindible incorporar en la acción política los conceptos de progresividad de los derechos humanos y progresividad de las libertades individuales y, cuarta, el análisis de las sociedades capitalistas en general y del capitalismo nacional en particular es por completo deficitario.
Un pequeñísimo segmento de izquierda, nutrido en el trotskismo, el estalinismo y el anarquismo, se ha parapetado en un marxismo petrificado o en sensibilidades individualistas y “líquidas”, como las llama Zygmunt Bauman para referirse a la ausencia de consistencia política e histórica.
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Sin ruta estratégica. En el contexto de los hechos comentados, nació lo que se ha denominado “gobierno de unidad nacional”, pero tal concepto no se corresponde con la realidad objetiva. En el Poder Ejecutivo lo que existe es una confluencia de individualidades provenientes de distintas trayectorias ideológicas, pero no hay una visión compartida de desarrollo nacional originada en un proceso social deliberativo, multipartidista y multisectorial.
Las actuales mezclas políticas corren el riesgo de saltar por los aires en medio de un manoseo oportunista y de cortísimo plazo, sobre todo si en el Ejecutivo aparecen aspiraciones presidenciales. Ojalá no ocurra, y si alguien desea ser presidente de la República y ocupa un lugar de relevancia dentro del gobierno, que postergue tal aspiración y tenga la generosidad de llegar con el actual presidente hasta el final de su mandato.
La silla presidencial no vale una gota de sangre de un costarricense, ni tampoco sacrificar la coherencia y fortaleza de la acción gubernamental. Ojalá los avatares del hecho político no envilezcan la valía humana e intelectual del actual gobierno y de las fuerzas de oposición.
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El autor es escritor.