Esas operaciones, manda el Código, han de atender el contenido propio del principio general del debido proceso, en armonía con las necesidades y las características singulares de la materia familiar. Lo que parece apelar a una sensibilidad especialmente viva y una comprensión o una experiencia de vida notables de los jueces encargados de ponerlo en práctica.
La relación de necesidad que vincula el principio general del debido proceso con los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en estos días a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por forzar una transfusión de sangre. El caso, divulgado por la prensa española, se refiere a la transfusión que se le hizo a una paciente que debía ser sometida a una intervención quirúrgica. La paciente era testigo de Jehová y había manifestado reiteradamente que por este motivo no quería recibir una transfusión bajo ninguna circunstancia, incluso si su vida estaba en peligro.
Requerido por los servicios médicos que solicitaban instrucciones, un juez autorizó practicarle todos los procedimientos médicos necesarios para salvarle la vida. A juicio del Tribunal Europeo, el juez tenía informaciones limitadas, erróneas e incompletas, y eso no se pudo corregir porque ni la paciente ni sus familiares fueron informados: de hecho, la mujer, que en casi todo momento estuvo consciente, creía que sería operada sin que le transfundieran sangre.
A juicio del Tribunal, la infracción del procedimiento causó a su vez la vulneración de los derechos de la paciente al respeto de su vida privada y familiar y a su libertad religiosa.
La espesa vitalidad de la materia de familia despertará sin duda innumerables disputas y conflictos de que se harán cargo los jueces al abrigo del nuevo Código. Como escribió Ian McEwan en La ley del menor: si los padres no se ponen de acuerdo, la ley, a regañadientes, tiene que dirimir. Es la aventura interminable de la justicia.
arguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
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