EscucharCon el país inmerso en el caso Cochinilla, el Poder Judicial enfrenta el enorme reto de generar confianza en que, al final, habrá justicia, no impunidad.
Es un hecho que el proceso judicial llevará años. Solo para que tenga una idea: la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) toma de cinco a seis años para preparar un caso de tanta complejidad, dice el Informe estado de la justicia del 2020.
Cochinilla es en extremo complejo. Quizás el más intrincado en la última década, y eso es preocupante porque la Fapta entra a este embrollo sin resolver otros igualmente difíciles, como la trocha fronteriza, la «pifia» en la vía hacia Moín, el cemento chino y las pérdidas de Bancrédito.
Salvo el caso de la trocha, en el cual funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) también fueron protagonistas por supuesta corrupción, los demás están en ciernes, pues la Fapta está «desbordada», advierte el Estado de la justicia.
La consecuencia sería nefasta porque el mismo informe dice: «Por lo general, los casos que tramita la Fapta se cierran con desestimaciones o sobreseimientos». Entre el 2015 y el 2018, solo 3 de cada 10 casos superaron la etapa preparatoria.
También están desbordados el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública. Desde hace meses, el caso de la trocha está para juicio, pero a estas alturas no hay fecha, pese a que el proceso lleva nueve años (y eso que es menos complejo que Cochinilla).
De 26 imputados, 13 irán a juicio y 13 pactaron medidas alternas. Cuáles son, es un misterio, porque el Ministerio Público alega que es imposible divulgarlo «puesto que son de carácter confidencial, debido a que se establecieron en audiencia privada». Por más que legal, esa confidencialidad es funesta, porque los ¢20.000 millones que se esfumaron eran fondos públicos, no privados.
Estamos, entonces, ante un Poder Judicial con limitaciones para afrontar casos complejos, y no se trata de inyectar más recursos, sino de que la Corte Plena ordene ajustes para un gasto más eficiente.
El Poder Judicial encara una coyuntura y quedarse en la zona de confort solo minará más la confianza en la justicia.
