Acontecimientos recientes me inducen a este comentario. Así, la trifulca en la política española, el bloqueo presupuestario en Estados Unidos, las vicisitudes del proceso constituyente en Chile y, en nuestro patio, el alboroto causado por el veto y posterior resello de un proyecto de ley que ha agriado de nuevo las relaciones, ya habitualmente ásperas, entre el gobierno y la Asamblea Legislativa.
Sobra decir que entre estos sucesos no hay relación, salvo porque todos están marcados por el signo del desacuerdo y el conflicto, que en todos los casos se manifiesta en democracias que padecen inquietantes disensiones. Cómo encauzar estas últimas en cada caso de manera que no comprometan la suerte de las prácticas democráticas que a lo largo de mucho tiempo han probado ser exitosas, las fosilicen y acerquen a eso que ampulosamente llaman el vertedero de la historia, presumo que es asunto que exige de todos los que están en la escena pública, medios de opinión incluidos, imaginación, dedicación, comedimiento, racionalidad, desprendimiento y concertación, lo que no es poco.
En lo que me concierne, uno pensaría que cada vez que nuestro sistema se ha entorpecido hemos tenido la ilusión de que las cosas podían corregirse mediante reformas puntuales del diseño constitucional o legal, y animados de un pragmatismo casi idiosincrásico hemos alcanzado resultados no carentes de sensatez. Así, por ejemplo, lo ilustra Rolando Laclé en Las luchas de mi vida, libro que en buena hora acaba de publicar. En buena hora, repito, porque transgrede la avariciosa costumbre de nuestros políticos de reservarse sus memorias y privarnos de un trozo de nuestra historia.
Sucede a veces que las buenas ideas, o las buenas intenciones, se frustran en la práctica. Hay quienes piensan que ha sucedido así con la reforma constitucional que modificó el orden de los períodos de sesiones legislativas y dio al Poder Ejecutivo precedencia en las convocatorias. Parece que las novedades en la configuración del sistema de partidos y la ahora casi habitual segunda vuelta electoral no favorecen el propósito de empoderar al gobierno para que despliegue desde el inicio su programa político, si es que este realmente existe.
Pero cabe intentar remedio para cuestiones capaces de incrementar la conflictividad política. Por qué no, hasta puede someterse a examen la pertinencia de las disposiciones constitucionales referentes al veto.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
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