EscucharLa credibilidad es el activo más valioso del Banco Central, pero está en entredicho y todavía no es posible saber cuánta será la pérdida. La institución insiste en pedir datos individualizados de la vida financiera de cada ciudadano a las instituciones donde se guarda la información bajo estricta protección de su confidencialidad.
El Banco dice estar urgido de los datos para generar estadísticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero ese organismo no dicta la forma de recopilar la información y enfatiza la importancia de que los recopiladores respeten los marcos legales de cada país, según declaraciones de su representante.
Sobre el Banco Central pesa demostrar la necesidad de acceder a información tan delicada y, también, la imposibilidad de cumplir su objetivo de otra forma, como serían los datos anonimizados. La generación de estadística es una pobre excusa para violar un derecho consagrado por la Constitución y la ley. No hay derechos absolutos, pero si alguno de ellos debe ceder ante un interés superior —y no está claro que la generación de estadísticas lo sea— cuando menos es indispensable constatar si no existe una ruta menos gravosa para alcanzar el objetivo.
Tampoco es admisible alegar compromisos adquiridos con el FMI o cualquier otro organismo. Quienes negociaron esos convenios no tenían autoridad para comprometer nuestros derechos constitucionales. En este caso, las declaraciones del representante del FMI descartan que el organismo pretenda el uso de información privada, como dio a entender Róger Madrigal López, presidente del instituto emisor, pero hay un clarísimo precedente de la imposibilidad de negociar en el extranjero los derechos reconocidos por la Constitución.
En el 2007, el restablecimiento de relaciones con China incluyó un préstamo de $300 millones respaldado por bonos costarricenses. Las condiciones se pactaron en secreto y el gobierno rechazó revelarlas porque el acreedor lo exigía para no alertar a otros sobre las favorables condiciones concedidas a nuestro país.
Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica no tiene autoridad para comprometerse a violar la garantía de acceso a la información de interés público y el Gobierno de China no tiene derecho a exigir esa violación. En consecuencia, la Sala Constitucional obligó a la administración a revelar los detalles. La existencia del supuesto compromiso con el FMI está en entredicho, pero si formara parte de los acuerdos sería inaplicable e inexigible.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
