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Este gobierno ha intentado, por todas las vías posibles, eliminar controles diseñados para el resguardo de los fondos públicos. Las más evidentes han sido las propuestas jaguar 1 y 2, declaradas inconstitucionales.
Ahora el turno es para el Banco Popular, cuyo patrimonio pertenece a los trabajadores, según su artículo primero. El gobierno pretende, mediante el proyecto 23544, permitir a la junta directiva modificar el mandato que obliga a enviar todo el aporte patronal al patrimonio, para que el 50 % de estos fondos, durante cinco años, se destine a un fondo especial. Este fondo estaría excluido de la supervisión de la Sugef y utilizaría una calificación de la cartera distinta, sin duda menos estricta (transitorio 1).
Esto ocurre en un momento en que se han evidenciado debilidades en la supervisión financiera, como en los casos de Aldesa, Coopeservidores y Desyfin. Afortunadamente, estas situaciones no han causado daños significativos al sistema financiero. Sin embargo, en lugar de fortalecer los mecanismos de supervisión, el Ejecutivo propone lo contrario: eximir más recursos públicos, que, reitero, pertenecen a los trabajadores, de la supervisión adecuada.
Según lo propuesto, el destino de estos fondos quedaría en manos de la junta directiva, donde tres miembros representan al Ejecutivo, con menores controles. Esto permitiría destinar los recursos a proyectos de alto riesgo o incluso ajenos al desarrollo social, sin criterios técnicos. Además, limitaría el fortalecimiento de la suficiencia patrimonial del banco.
Lo planteado es grave y ya ha sido advertido por la Contraloría y la Sugef. A pesar de esto, el proyecto continúa avanzando con el voto afirmativo de la comisión, lo que resulta alarmante, pues pone en riesgo los ahorros, aportes y rendimientos de los trabajadores.
Además de comprometer el patrimonio de los trabajadores, el Banco Popular administra pensiones y podría ser solidariamente responsable por el mal manejo de esos recursos, según el artículo 39 de la Ley de Protección al Trabajador. Imaginemos las consecuencias de una erosión patrimonial en un banco que, debido a su tamaño, podría desencadenar un tsunami en el sistema bancario nacional y afectar a cientos de miles de contribuyentes y ahorrantes. ¡Diputados, mucha atención al proyecto!
nmarin@alvarezymarin.com
