Un tigre anda suelto. Se trata de un sindicalismo voraz que se cree dueño de las instituciones y que no lo piensa para extorsionar al país con la paralización de los servicios públicos —incluso los más esenciales, como el acceso a la salud— con tal de defender sus gollerías. Peor aún, cuenta con la complacencia del Poder Judicial, protector celoso de sus propios privilegios. Para amarrar este tigre, urge la pronta aprobación del proyecto de ley para regular las huelgas.
El hecho de que los tribunales les hagan el cachete a los sindicatos hace aún más delicada la labor de los diputados, cuya última ventana para modificar el expediente 21193 se agota esta semana. El texto no puede tener lagunas que luego sean aprovechadas por los jueces para favorecer a los gremios. En otras palabras, debe venir bien blindado.
Lamentablemente, tal como está, el proyecto cuenta con un talón de Aquiles: no suspende el pago a los huelguistas hasta que haya una declaratoria en firme de ilegalidad. Pero ya sabemos lo que ocurre en esos casos: los tribunales patean la bola y dilatan la decisión, mientras la paralización de los servicios dura semanas y pone en jaque al país. No olvidemos, por ejemplo, que aún está pendiente la sentencia final sobre la ilegalidad de la huelga del Poder Judicial de hace dos años. Los sindicalistas la tienen muy fácil si continúan recibiendo sus salarios cuando están en paro indefinidamente.
En esto, Costa Rica es una aberración, como lo señaló la abogada Paola Gutiérrez. En la mayoría de los países, a los trabajadores se les suspende la paga mientras dure la huelga, sin importar si luego el movimiento es declarado legal o ilegal. Es lo más sensato: ¿Por qué pagarles un trabajo que no están realizando? Si los sindicalistas están dispuestos a cesar labores sin recibir salario, significa que tienen un compromiso real con la causa que persiguen y asumen su parte del costo que supone paralizar servicios.
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Hoy y mañana, los diputados discutirán un par de mociones que pretenden acabar con este abuso. También conocerán otras enmiendas que pretenden reducir los 21 días consecutivos en los que los sindicatos pueden irse a huelga en el sector educación. Eso también merece apoyo. No olvidemos que enfrentamos un tigre sin escrúpulos. No podemos andarnos con paños tibios.
JHidalgo@cato.org
El autor es analista de políticas públicas.