Las imágenes calaron hondo en mí, puesto que venían literalmente del costado de mi casa en Ciudad Quesada. El lunes pasado más de 2.200 personas hicieron fila por horas con la esperanza de obtener uno de los 100 puestos que Walmart está ofreciendo en mi terruño. No se trata de un fenómeno exclusivo de San Carlos. Escenas similares se registran en todo el país cada vez que una empresa grande anuncia contrataciones. Son una muestra fehaciente de que Costa Rica atraviesa una crisis de empleo.
Más allá del drama de las 242.000 personas sin trabajo, hay varios aspectos de la situación que resultan muy inquietantes. Uno, es que llevamos una década con un alto nivel de desocupación y parece que ya nos acostumbramos. Lo anterior explicaría la escasa urgencia mostrada por el gobierno para resolver el problema y que se refleja en la poco ambiciosa meta de cerrar el 2022 con una tasa de desempleo que oscile entre un 7,3 % y un 8,4 % (actualmente es un 10,2 %).
Lo otro es que la desocupación es altamente regresiva. Mientras que la población que no es pobre tiene una tasa de desempleo de apenas el 4,6 %, la de los pobres es del 21,4 %. La enorme disparidad explica en parte el aumento de la desigualdad que hemos atestiguado en lo que va del siglo: se ha consolidado una dinámica en la cual las oportunidades laborales se están generando, principalmente, en los estratos de mayor ingreso, lo cual atiza la competencia salarial y dispara, aún más, la paga de esos sectores que ya de por sí son pudientes.
Me preocupa, además, el sesgo contra la generación de puestos de trabajo poco calificados, cuando el 60 % de la mano de obra entra en esa categoría. El gobierno apuesta por la enseñanza del inglés y la educación dual –algo justo y necesario– pero eso solo resolverá parte del problema. Seamos honestos, no es realista esperar que el Estado esté en condiciones de capacitar al 60 % de los trabajadores.
Para rematar, el Estado atenta contra la empleabilidad de los trabajadores poco calificados al encarecer artificialmente su mano de obra mediante una combinación tóxica de altas cargas sociales y un salario mínimo que no guarda proporción con la realidad del mercado laboral, como señaló la OCDE, pero que tuvo muy poco eco entre los tomadores de decisiones. No podemos darnos el lujo de seguir ignorándolo.
El autor es analista de políticas públicas.
jhidalgo@cato.org
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